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Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pide a El Salvador que modifique las leyes de salud reproductiva, a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de Manuela al declarar al Estado salvadoreño responsable de su muerte tras encarcelarla por una emergencia obstétrica.

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De acuerdo con el grupo de expertos de la ONU, la sentencia de la Corte IDH al Estado salvadoreño sienta un precedente que ayudará a proteger el derecho de las mujeres en cuanto a la atención en salud reproductiva.
Bajo el marco legal actual de El Salvador, pueden ser acusadas del delito de homicidio agravado y condenadas a penas de prisión de hasta 50 años, sin respetar las garantías del debido proceso. Con esta sentencia, El Salvador debe ahora modificar sus leyes de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos". Expertos de la ONU.

Dicen los expertos que El Salvador al tener una prohibición absoluta del aborto, contraviene las obligaciones del Estado de proteger su dignidad y sus derechos a la vida, la salud, la integridad personal y física, la igualdad y la no discriminación, la libertad de violencia, la privacidad y la autonomía reproductiva.

En ese sentido, instan tanto al poder Legislativo y Ejecutivo a garantizar el acceso a servicios de aborto seguros y legales.
A El Salvador a que implemente rápidamente la sentencia de la Corte IDH y reiteran sus recomendaciones a los poderes legislativo y ejecutivo para que despenalicen la interrupción del embarazo y garanticen el acceso a servicios de aborto seguro y legal como mínimo en casos de violación, incesto, cuando el embarazo suponga un peligro para la vida, salud física o mental de la mujer o la niña y en casos de malformación fetal grave". Expertos de la ONU.

Además, enfatizaron que es fundamental que se ponga fin a la criminalización y el encarcelamiento de las mujeres que han sufrido abortos espontáneos, emergencias obstétricas u otras complicaciones de salud reproductiva, asimismo, a eliminar la obligación a funcionarios públicos y personal sanitario de denunciar casos sospechosos de aborto.

"Para garantizar la seguridad y los derechos humanos de las mujeres y las niñas del país, debe eliminarse la obligación legal de que el personal sanitario y los funcionarios públicos denuncien los casos sospechosos de aborto, ya que más de la mitad de las denuncias contra mujeres proceden de estas fuentes", aseguraron.

Caso Manuela


Manuela, fue una mujer analfabeta nacida en un entorno rural y pobre que en febrero de 2008 sufrió una preclampsia grave postparto por la que fue atendida en un hospital de San Francisco Gotera, departamento de Morazán.

Las autoridades allanaron su vivienda un día después encontrando en una fosa séptica el cuerpo de un recién nacido.

En agosto de 2008, Manuela fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado y solo dos semanas después la sentencia fue declarada en firme.

En abril de 2010, Manuela murió de cáncer linfático cuando cumplía su condena, la Corte IDH enfatiza que recibió tratamiento de forma tardía e irregular.