Según el caso presentado en el IAIP, el ciudadano apelante intentó optar a un empleo en la Lotería Nacional de Beneficencia, pero fue negado porque pesaba sobre él, un delito de lesiones culposas y leves a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en 2003 y del que ya fue absuelto por un tribunal.
Cuando el ciudadano solicitó cancelar sus datos en la PNC fue notifificado que 14 años después, las unidades administrativas relacionadas “no habían finalizado el procedimiento” todavía.
Para el comisionado del IAIP, Jaime Campos, además del acceso a la información, el Instituto tiene la atribución de rectificar, actualizar o suprimir datos, según el artículo 36 de la ley.
“Este procedente sirve para cualquier otro caso en el que se trate de una persona que ha sido sobreseída por un delito, pero que en las bases de datos de la Policía Nacional Civil aparece con antecedentes”, explicó Campos a Diario El Mundo.
La Policía dijo al Instituto que no cuenta con una normativa que elimine dicha información obsoleta de su base de datos; ante eso, Campos dice que el Instituto recibirá casos individuales, para que por medio de la LAIP puedan borrarlos.
Derecho al olvido
El Instituto resolvió el caso tomando como base el derecho a la cancelación y el derecho al olvido que se define como el derecho que tiene el titular de un dato personal “a borrar, bloquear o suprimir esa información personal, que de alguna manera afecta el desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen”, dice la resolución, dado que se convierte en información obsoleta, después de mucho tiempo y carece de sentido que se tenga acceso a ella.
8 Días
Tiene la PNC para desvanecer los antecedentes penales obsoletos en este caso.
Violación constitucional
Según el IAIP la no actualización de los datos del ciudadano vulnera la protección de los mismos.
