El exmandatario es acusado de peculado (apropiarse de bienes del Estado) y lavado de dinero, entre los años 2009 y 2014, este último delito es atribuido a otros diez imputados; mientras que cuatro, son reclamados por casos especiales de lavado de dinero.
El juez, Salomón Landaverde, envió oficios a la Policía Nacional Civil (PNC) para que las órdenes de captura sean ejecutadas en territorio salvadoreño, en el caso de aquellos imputados que no hayan salido del país.
También, se le notificó a la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol para El Salvador con el fin de que se tramite la difusión roja con miras a localizar a los imputados prófugos y extraditarlos.
En su resolución, el juez dice que intentó citar a los imputados para que llegaran al juzgado y fueran intimados de los ilícitos que la Fiscalía les atribuye, pero como no fueron ubicados en las direcciones proporcionadas por la representación fiscal, se les notificarán las órdenes de captura en su contra, vía edictos, sin que se afecte la reserva parcial que desde el inicio solicitó el Ministerio Público.
De los 15 imputados con orden de captura, de cuatro se conoce que están residiendo en Nicaragua, se trata de Mauricio Funes, su compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, sus hijos, Diego Roberto Funes y Carlos Mauricio Funes Velasco.
En el expediente está agregada la resolución ministerial número 073-2016, emitida el 2 de septiembre del año 2016 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, el 6 de septiembre del mismo año, en la cual se hace constar el asilo político otorgado a los cuatro imputados, quienes lo solicitaron por considerar que su vida e integridad física estaba en peligro por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos y su filiación política en El Salvador.
Tras conocer la resolución, el fiscal Jorge Cortez, jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) dijo que las pruebas incorporadas al expediente son contundentes y era la decisión que esperaban.
“Quiero ser muy enfático en decir de que sí tenemos evidencia directa, evidencia vinculante y que ha sido analizada de forma objetiva por el tribunal competente en contra del señor Carlos Mauricio Funes Cartagena”, sostuvo Cortez.
Agregó que, existe toda la evidencia que lo vincula con los delitos atribuidos ya que dentro del esquema criminal que se organizó para extraer, supuestamente, de las arcas del Estado, $351,035,400.49, el exmandatario fue una pieza indispensable e imprescindible.
Según el jefe fiscal Funes, con su accionar, favoreció a todo su grupo familiar y personas allegadas financiándoles viajes al exterior y compra de bienes e inmuebles.
Acusación
El expresidente Mauricio Funes, según la acusación fiscal, creó una red sofisticada para pecular más de $351 millones durante su administración y cuya investigación de año y medio denominada “Saqueo Público”, permitió individualizar a 32 personas en total.
La estrategia criminal que el Ministerio Público ha expuesto en el expediente de 683 piezas establece que entre los años 2009 al 2014, se utilizaron los gastos reservados de la Presidencia, incrementándolos para después sustraerlos de forma ilícita.
Al mandato presidencial de Funes, la Asamblea Legislativa le asignaba $80,818,285, pero mientras duró la gestión se estuvo pidiendo refuerzos presupuestarios a través de notas al Ministerio de Hacienda.
Bajo ese rubro se trasladaron inicialmente $54 millones, pero el 25 de agosto de 2010, la Sala de lo Constitucional en una sentencia declaró ilegal ese mecanismo de traslado de fondos públicos, Funes supuestamente creó su propio mecanismo disfrazado en gastos imprevistos y otras instituciones estatales.