El juez de Instrucción de San Francisco Gotera pretendía inspeccionar los documentos relacionados a la “Masacre El Mozote y sitios aledaños" bajo orden judicial dictada el pasado 28 de agosto y ante la negativa, diferentes organizaciones civiles condenaron la respuesta de la Fuerza Armada.
En su cuenta de Twitter, Tutela Legal aseguró que existe “incertidumbre y sospecha” hacia las autoridades por el cerco sanitario establecido en San Francisco Gotera, Morazán, de donde proviene el juez Urquilla, en el que más allá de verificar la posible alza de casos de covid-19, sería un obstáculo a la investigación judicial sobre la Masacre de El Mozote.
UES teme que Gobierno apoya a los victimarios
La Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador (UES) tildó el acto como un “mensaje de impunidad y complicidad” de parte del Gobierno.
"Esta medida violenta el derecho de las víctimas a conocer la verdad de lo sucedido, acceder a la justicia, a la reparación del daño ocasionado y que el Estado salvadoreño se comprometa a la no repetición de estos hechos", aseguró la Comisión a través de un comunicado.
La oficina de la UES señala como una “violación flagrante” de parte del Estado Mayor para investigar los hechos ocurridos en diciembre de 1981, durante el conflicto armado, en el cantón El Mozote de San Francisco Gotera, Morazán.
“El desacato a la resolución judicial que cae en actos arbitrarios, resistencia y desobediencia, es un mensaje de impunidad y complicidad del Gobierno contra las víctimas y total apoyo a sus victimarios”, señala en su pronunciamiento.
Por su parte la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), se refirió al hecho como una “acción arbitraria e improcedente, la cual es tomada sin ninguna base legal”, y señaló al predidente Nayib Bukele como principal responsable.
“Fue una decisión deshonrosa y deshonesta por parte del presidente de la República hacia la comunidad de víctimas de la masacre El Mozote”, aseguró la institución.
APDHEM solicitó a la Fiscalía General de la República que investigue de hecho lo ocurrido la mañana de este lunes en el Estado Mayor de la FAES ante la “desobediencia a una orden judicial”.