Miguel Ángel Pocasangre Escobar ha quedado a espera de sentencia. / DEM
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador finalizó la vista pública contra el mayor retirado Miguel Ángel Pocasangre Escobar y la Fiscalía ha solicitado una condena de 80 años.
El Ministerio Público pidió al tribunal colegiado que emita una sentencia condenatoria bajo concurso real, es decir, que por cada caso de comercio ilegal de armas de fuego se le impongan cinco años de prisión.
Desde que el casó comenzó a ser investigado e hicieron allanamientos en octubre de 2012, los fiscales acusaron al militar retirado de 16 casos en los cuales detectaron, supuestamente, irregularidades en la venta de armas a empresarios, personas vinculadas con el crimen organizado y funcionarios, entre ellos alcaldes.
Los compradores de estas armas, aparentemente, no sabían que tenían alteraciones y restauraciones, según señaló la investigación fiscal. Ayer, en el último día de juicio, el tribunal reveló los informes sobre las 16 armas que envió el Ministerio de Defensa y la División de Armas y Explosivos (DAE) de la Policía Nacional Civil.
El juzgado había solicitado a las dos instancias que rastreara en sus bases de datos si las armas estaban legalmente registradas y ambas entidades confirmaron que aparecen debidamente registradas y no están destruidas.
Se detalla que tres de esas 16 armas tienen denuncias por el delito de hurto, sus propietarios reportaron el extravío. Los jueces, tras leer los informes, otorgaron a las partes procesales que expusieran sus alegatos respecto a esos reportes.
Una de las fiscales del caso expuso que el registro de las armas no cumplía con los requisitos de ley y que se ha comprobado el comercio ilegal de armas, pero el abogado defensor Armando González, dijo a los jueces que la Fuerza Armada y la PNC han informado que todas las armas estaban debidamente matriculadas.
En el proceso, la Fiscalía señaló que el imputado, como propietario de dos empresas dedicadas a la venta de armas, habría estado vendiendo armas de procedencia ilícita desde el año 2003 y que las adquirió de forma irregular en los años de 1994 y 1995.