Sigifredo Ochoa Pérez, exembajador en Honduras y coronel retirado.
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador realizó la audiencia preliminar en la que valorará si hay suficientes pruebas para que el coronel Sigfredo Ochoa Pérez vaya a juicio por el delito de peculado o apropiación indebida de $41,040 que Fiscalía le atribuye mientras fungió como embajador en Honduras en el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca entre 2004 y 2009.
En el proceso también está involucrado Walter Alfredo Escalante Anaya en su condición de ex ministro consejero de la embajada salvadoreña en Honduras. Ambos suscribieron en 2005 dos contratos de alquiler de inmueble por $2,200 y por $3,000 mensuales, lo que dejaba en el segundo contrato un excedente de $800 por mes.
En el caso de Escalante Anaya la sustracción total suma $59,000; de 2005 a mayo de 2015.
Fue informado por el señor Escalante Anaya al Ministerio de Relaciones Exteriores del contrato de arrendamiento de oficinas, únicamente por $3,000. Esta es una forma de extraer fondos públicos de dicho ministerio hacia sus patrimonios particulares”. Fiscal del caso.
El fiscal dijo que ha ofrecido abundante prueba al tribunal para demostrar que los acusados son los responsables del delito de peculado y que ambos sustrajeron $107,920 del Ministerio de Relaciones Exteriores, utilizando la figura del contrato de arrendamiento.
“Consideramos que hay suficiente pruebas para pasar a la fase de vista pública pero el fallo lo dará la jueza hasta el 20 de octubre a las 2:30 minutos de la tarde”, dijo el fiscal.
A juicio del fiscal, la defensa ha alegado los elementos que ellos consideran pero no aportan absolutamente nada, sus teorías está orientada a la sustracción de fondos pero “realmente, con los elementos probatorios contundentes con que cuenta Fiscalía, estamos seguros vamos a pasar a juicio”.
Ochoa Pérez optimista
Entre tanto, el coronel Ochoa Pérez se mostró optimista por el avance de la diligencia en que fue representado por un defensor público, luego de al menos cuatro intentos de abogados particulares, que renunciaban a la defensa, no se presentaban a la diligencia o se excusaban de estar enfermos de Covid-19.
“La Fiscalía no demostró pruebas solo opiniones, yo creo que esta es una persecución política de parte del FMLN y este gobierno”, dijo el coronel Ochoa Pérez.
Agregó que espera que este problema se aclare, pues no hay pruebas contundentes contra ellos