La fase de instrucción venció el pasado 17 de septiembre, pero la jueza accedió a la petición de la Fiscalía General de la República, ya que se justificó que faltan diligencias de investigación por realizar.
La Unidad Especializada Antinarcotráfico de la Fiscalía General de la República, los acusa de tráfico ilícito, proposición y conspiración y asociaciones delictivas, lavado de dinero y facilitación de medios y locales para el tráfico de droga, delitos que los cometieron en el país desde que estuvieron operando en el año 2012. Aún y cuando se autorizó la prórroga, la jueza cuestionó a la Fiscalía.
“Advierte esta juzgadora, que la representación fiscal dejó pasar cuatro meses para solicitar las diligencias pertinentes y necesarias”, dice parte de la resolución de la administradora de justicia.
En este caso, la última diligencia suspendida fue un reconocimiento en rueda de personas por confusión en lugar donde se realizaría.
Las investigaciones de este caso comenzaron en diciembre de 2015, pero a los imputados los individualizaron entre enero y junio del año pasado cuando hubo dos decomisos de cargamentos de cocaína cuyo peso total fue de 400 kilos con un valor de $10 millones.