La FGR acusó este domingo en el Juzgado Especializado de Instrucción “A” a 30 imputados presentes y cuatro ausentes.
La red dedicada a la comercialización e intercambio de pornografía infantil a nivel internacional utilizaba la “deep web” -internet profundo- para sustraer información y luego enviarla a diferentes países, señaló ayer la Fiscalía General de la República (FGR) al presentar la acusación formal.
El proceso se presentó en el Juzgado Especializado de Instrucción “A” contra 30 imputados presentes y cuatro ausentes. Esta estructura fue capturada en un amplio operativo denominado, “Ángel Guardián”, entre los que figura un policía, un enfermero del Ministerio de Salud, un exmilitar, un maestro y un payaso.
Fiscalía solicitó a la jueza que abra un expediente judicial contra los imputados por los delitos de utilización de niños, niñas y adolescentes en pornografía a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación; asimismo por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niños, niñas y adolescentes a través de las tecnologías de la información y comunicación, y por el delito de agrupaciones ilícitas.
Uso de internet.
Las autoridades aseguran que esta estructura operaba a nivel internacional y se abastecía de la “deep web”, donde se alojan búsquedas que no están disponibles en los navegadores y a cuyo uso recurren las redes de crimen organizado, comunicación no fácilmente rastreada.
“Hay diversas funciones dentro de la organización, unos que adquirían el material de la red oscura y posteriormente lo difundían, sí tenemos una persona que ha sido la que ha promovido, incluso, la que ha creado grupos para la difusión de este material pornográfico, y si contamos con un líder dentro de la organización por lo menos a nivel nacional”, señaló un fiscal.
Según la Fiscalía, luego que adquirían el material de la red, lo distribuían a sus clientes a través de la plataforma WhatsApp en países como Pakistán, Vietnam, Indonesia, México, Guatemala, Ecuador, y El Salvador.
La institución indicó que, en el caso de El Salvador, las autoridades han identificado al menos 81 abonados que recibían archivos en vídeos e imágenes en las que niños, niñas y adolescentes eran obligados a realizar actividades de índole sexual, aunque aún se desconoce el costo que pagaban.
Según una de las fiscales, el caso aún se sigue investigando para establecer otros hechos como la procedencia y el estatus social de los niños que fueron víctimas de esta estructura.