El coronel José Antonio Rodríguez Molina fue acusado ayer por los delitos de tortura, desplazamiento forzado y desaparición forzada. Foto DEM-Rosa Fuentes
El coronel Roberto Rolando Brizuela Ramos se convirtió en el primer testigo de la defensa del caso El Mozote, quien ayer dijo ante el juez de instrucción de San Francisco Gotera, que entonces el capitán Mauricio Isaac Duke Lozano estaba herido al momento de la masacre de El Mozote, en diciembre de 1981.
Duke Lozano es uno de los 16 militares acusados de comandar la operación Rescate que dejó más de 900 personas asesinadas en el caserío El Mozote y lugares aledaños, en Morazán.
A preguntas de la defensa, el testigo y también militar dijo que en julio de 1981, Duke resultó lesionado de una pierna tras pisar una granada en un operativo en Chalatenango y que en noviembre, cuando Brizuela dejó la Fuerza Armada, vio a Duke Lozano usando bastón “no estaba operativo”, dijo.
Sin embargo, a preguntas de la Fiscalía, Brizuela dijo que no le constaba que Duke Lozano haya participado en los hechos ocurridos durante la masacre de El Mozote.
“No existe incapacidad documentada en esas fechas, tampoco estaba de licencia, ni estaba en el extranjero; es decir, se encontraba activo en su cargo de comandante de la segunda compañía de infantería, es decir, tropa al mando que se mueve en el terreno, por lo tanto esas eran sus funciones que están documentadas en el proceso, al momento de la operación Rescate”, señaló ayer el abogado David Morales, quien es querellante en el proceso.
Antes de la audiencia de testimonio, el juez de instrucción, Jorge Guzmán, intimó al coronel José Antonio Rodríguez Molina y al coronel Roberto Antonio Garay Saravia, este último a través de sus abogados, debido a que radica en Estados Unidos.
Ambos fueron notificados de tres nuevos delitos: tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. Ellos forman parte de la nómina de 16 militares acusados en el proceso y que con estos delitos ya suman 14 en su contra.
También se conoció que el juez de la causa ordenó la intimación de un tercer militar, identificado como Natividad Cáceres, en el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla; sin embargo, hasta anoche, prensa del Centro Judicial de Santa Tecla no confirmó la notificación.
Ayer, el juez recordó que el 12 de diciembre del 2018 declaró los delitos procesados como delitos de crimen de guerra y de lesa humanidad “por la ofensa que estos hechos han tenido para la humanidad entera”, dijo.
El proceso judicial fue reabierto el 30 de septiembre del 2016, luego que la Sala de lo Constitucional declarara inconstitucional la Ley de Amnistía General.