Los sacerdotes jesuitas fueron asesinados en noviembre de 1989.


El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), el sacerdote jesuita, José María Tojeira, aseguró ayer que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de reabrir el caso de la masacre de los sacerdotes jesuitas, es una “obligación elemental”.

“Si alguien ha trabajado durante 32 años en que se haga verdad con el caso jesuitas ha sido la UCA. Aceptar una demanda de inconstitucionalidad contra una sentencia corrupta dada por jueces de la Sala de lo Penal amigos del actual Presidente impuesto, no es ninguna gloria para querer dar lecciones de justicia. Era simplemente una obligación elemental”, sostuvo Tojeira.

El director del Idhuca fustigó duramente al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez, quien el miércoles había dicho que los jesuitas habían pedido el indulto del oficial que dirigió el batallón que perpetró la masacre de la UCA el 16 de noviembre de 1989, el coronel Guillermo Benavides.

“Es cierto que el actual Rector de la UCA y mi persona solicitamos la conmutación de la pena para el coronel Benavides en 2017, por ser un hombre adulto mayor y enfermo y haber pasado ya más de 5 años en la cárcel, en períodos anteriores a la infame ley de amnistía que el actual presidente impuesto nunca denunció, y también posteriormente a la misma. Pero nunca pedimos indulto”, explicó Tojeira en un comunicado.

Según Tojeira, las declaraciones realizadas por López Jerez son basadas en la ignorancia e ineptitud.

 

“Desconocimiento”.


En ese sentido, dijo que López Jerez “miente”, y se cuestionó diciendo si lo hace por “por ignorancia manifiesta o por cortedad mental”, aunque añadió “No quiero pensar que por mala voluntad”.

Según Tojeira, en el comunicado difundido el miércoles por el presidente de la Corte, se manifiesta desconocimiento si la solicitud del “indulto y la conmutación” realizada por el Idhuca contaba con el consentimiento expreso de los familiares de las víctimas. Ante eso Tojeira dijo reaccionó diciendo que lo mínimo que pudo haber hecho es preguntar, así mismo hizo de conocimiento que la Compañía de Jesús es víctima y por tanto, él como jesuita también.

El cambio de pena, es decir, la conmutación de la pena solicitada por el Idhuca, según explicó Tojeira, debe de considerarse como un aporte a la justicia transicional, aunque puntualizó que para López Jerez es una temática que “parece desconocer”.

 

El dato


Tojeira pidió a la Fiscalía activar una denuncia presentada por prevaricato contra los dos magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, que apoyaron el sobreseimiento.