La falta de agua potable y un Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado, según su familia, fueron los detonantes para que Carlos se contagiara de covid-19 en mayo de 2020, mes en el que se disparó la transmisión comunitaria en el país y en su municipio.
La colonia en la que vive, ubicada en el casco urbano de Santo Tomás, recibe agua potable una vez por semana, con suerte. Durante el verano, cuando los ríos de la zona se secan y los pozos se hunden aún más en los mantos acuíferos, la falta de agua puede extenderse por hasta dos o tres meses.
“Mi papá trabaja en el Minsal y él se contagió porque prácticamente lo mandaban a dejar las muestras que sacaban de acá. Primero, nunca iba protegido… pero cuando llegaba a la casa, prefería echarse alcohol gel del que le daban, que bañarse, porque no había agua”, relata la hija de Carlos, Angélica López, una joven estudiante de 25 años que, en medio de la pandemia, colaboró con la alcaldía de Santo Tomás en campañas de concientización para la lucha contra el covid-19.
Las cañerías no abastecen de agua en Santo Tomás, sino las pipas. / G.Villarroel.
Agua cada tres días.
Durante el 2020, su comunidad se quedó sin agua por dos meses seguidos, junio y julio. En ese lapso, cientos de familias gastaron hasta $20 por una pipa con agua cada dos a tres días. Estos camiones cisterna, la mayoría de unos ocho metros cúbicos, alcanzan para llenar unos 40 barriles grandes de 55 galones, una cantidad insuficiente para cumplir con todo el ritual de limpieza, lavado de manos, desinfección de compras y baños constantes. Otros, los más pobres, tuvieron que acudir a nacimientos naturales para obtener una mínima cantidad de agua para sus oficios más básicos. Una práctica que todavía se mantiene.
Angélica relata cómo la covid-19 comenzó a extenderse en las comunidades en medio de esta escasez. Y es que, según las estadísticas oficiales, Santo Tomás es uno de los municipios más afectados por la crisis hídrica en El Salvador, pero también ocupó el décimo lugar en la lista de ciudades con mayor transmisión comunitaria de todo el país durante el pico de la pandemia, hasta el 28 de junio de 2020, con una estimación de 173.4 casos por cada 100,000 habitantes, según datos oficiales retomados por la Fundación Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo).
Las comunidades de la zona rural y el casco urbano de este municipio luchan por conseguir agua potable, un recurso cada vez más escaso y más caro, que reciben por turnos a través de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), y sistemas de autoabastecimiento como juntas de agua.
En medio de la pandemia, sin embargo, todo se complicó aún más. “Fue más crudo porque la gente pasaba toda en la casa y ellos (ANDA) no respondían para evitar que nos contagiáramos. Era demasiado. Nos decían en la televisión y en todos lados: lávese las manos, o compre alcohol gel, pero con esta pobreza, ¿cómo?”, continúa Angélica.
“Nosotros tratábamos de comprar agua dos veces al mes, y ahí era de racionarla. Si saliste, hay que buscar otra opción de cómo desinfectarse. Por ejemplo, la gente tenía que ir al río, pero es peligroso. No podés estar segura en el río”, agrega. Como en muchas otras comunidades del país, las mujeres sufren el acoso de las pandillas al acercarse a los nacimientos de agua en Santo Tomás.
Un contagio anunciado.
Desde que inició la pandemia, el Ministerio de Salud reporta un total de 514 contagios de covid-19 en Santo Tomás, ubicándose como el duodécimo municipio de San Salvador con más contagios, por debajo de otras urbes como Soyapango, Nejapa y Apopa que, al igual que este municipio, tienen graves problemas de acceso al agua potable.
Para Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico de El Salvador, la falta de agua es uno de los factores que agrava la transmisión comunitaria en el país, debido a que no pueden cumplirse las medidas de higiene más básicas. Otra, es la concentración urbana, que es mucho mayor en el Área Metropolitana de San Salvador.
En total, El Salvador registró hasta el 26 de noviembre 118,041 casos de covid-19, de los cuales 40,952 corresponden al departamento de San Salvador; es decir, un 34.69 % de todos los contagios en el país. Esto, a pesar de la centralización de la campaña de vacunación, que ha logrado cubrir a más del 68 % de la población con al menos dos dosis anticovid, según datos oficiales.
El confinamiento empeoró salir a buscar agua. / G.Villarroel.
Sonia Sánchez, líder comunitaria del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, recuerda que su municipio fue uno de los primeros donde creció el índice de contagio en todo el país. Fue el cantón Casitas, al sureste del municipio, donde se documentó el primer caso endémico de covid-19 en El Salvador, el 7 de abril de 2020, según información divulgada por el Ministerio de Salud.
“Creemos que la falta de agua, que sí es vital en la erradicación del virus, tiene mucho que ver en cómo crecieron los contagios”, asegura Sánchez.
Angélica señala que la primera persona contagiada en el municipio fue una trabajadora de Salud que tenía poco acceso al agua potable. La enfermera, originaria del cantón Casitas, de Santo Tomás, “tenía serias dificultades para el agua, como todos los cantones, transportando agua en cántaros”, asegura.
Y es que, según la planificación territorial elaborada por la Alcaldía de Santo Tomás en 2002, la zona sur del municipio es una de las más afectadas por la falta de agua.
Los Lineamientos Geoambientales para la Ordenación Territorial de Santo Tomás, diseñados en conjunto a Geólogos del Mundo, revelan que la progresiva deforestación del municipio y el uso desordenado del suelo ha provocado “efectos irreversibles”, ocasionando la disminución de la infiltración de agua, y por tanto, la falta de recurso hídrico, “problemática presente de forma grave”, precisamente en el cantón Casitas.
Sin embargo, el presidente del Colegio Médico advierte que es difícil determinar cuántos de los contagios de Santo Tomás obedecen a la falta de agua en Santo Tomás, “porque no hay transparencia ni datos confiables”.
“Desde un inicio, pedimos al Gobierno que se registren los casos en donde eran detectados, y no por la residencia de las personas según sus documentos. Por eso, como podrían ser menos casos, podrían ser muchos más”, explicó Brizuela a Diario El Mundo.
Adela Bonilla, de la Alianza contra la Privatización del Agua, han señalado la necesidad de llevar agua a las comunidades. / G.Villarroel.
Una temida ley de agua.
Sonia Sánchez, del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, asegura que su comunidad pasó trece semanas sin agua en el pico de la pandemia en el 2020. Recuerda cómo las personas que usualmente se abastecen de mantos acuíferos no podían salir por temor a ser detenidas por las autoridades y llevadas a un centro de cuarentena del Gobierno.
“Lo más preocupante es que aún en contexto covid privaticen el agua”, asegura. La Asamblea Legislativa discute una ley de recursos hídricos que, a criterio de las organizaciones ambientalistas, prioriza a la empresa privada en el uso del agua potable, al otorgar concesiones sin permiso ambiental por 15 años renovables.
Adela Bonilla, representante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, señala que una de las exigencias del Gobierno “sigue siendo el lavado de manos con agua abundante y jabón, pero no toman en cuenta las comunidades empobrecidas del país”.
Bonilla critica que la ley, que se encuentra a punto de ser aprobada por la mayoría oficialista, impone una nueva tarifa que antes no se cobraba a las juntas de agua, encargadas de abastecer a más de 1.5 millones de salvadoreños en las zonas que ANDA no logra cubrir.
Representantes de las juntas de agua han solicitado a la Asamblea que no se les cobre un canon o cargo por el permiso de extracción, uso y aprovechamiento del recurso hídrico, que será definido por la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA). Argumentan que trabajan para abastecer de agua a sus propias comunidades, sin tener fines de lucro, y a penas sobreviven con aportes vecinales y cooperación internacional.
Mientras las comunidades de Santo Tomás continúan luchando por el acceso al agua potable, grupos ambientalistas han pedido al presidente de la República, Nayib Bukele, que si se aprueba esta ley sea vetada de inmediato. En la casa de Angélica, donde rara vez cae agua de las cañerías, seguirán esperando su turno para recibir el agua, así pasen dos, tres o cuatro semanas.
El dato
La Asamblea Legislativa aún tiene en estudio la Ley del Agua, hasta el momento temida,por imponer una tarifa a las juntas de agua en las comunidades.
*Los nombres de Carlos y Angélica Pérez han sido cambiados a solicitud de ellos mismos para proteger su identidad.
Esta investigación ha sido elaborada en el marco del curso de entrenamiento “Reporteando sobre inmunización” de la Fundación Thomson Reuters.