Ciertamente como país, hemos pasado episodios turbulentos en los que se han desenmascarado una serie de actos de corrupción, nepotismo y abuso absoluto de los recursos públicos, de tal suerte que hemos sido gobernado por un grupo de bandidos y salteadores que han hecho por generaciones de la cosa pública un modus vivendi, al grado que han heredado a sus hijos o amigos plazas gubernamentales que al salvadoreño común aun con credenciales academias y alta capacidad, se la he hecho imposible acceder. Esto no es nuevo, ya que desde los tiempos en que gobernaba el PCN, pasando por el PDC y concluyendo con ARENA y el FMLN, ha sido un caos el manejo de los recursos públicos.

De manera que, para el presidente actual, le fue fácil acceder a la silla presidencial, y no es para menos, tres expresidentes procesados, uno de ellos fallecido, otro condenado a 10 años de presión, por confesar que sustrajo de forma sofisticada poco más de $260 millones dólares y el tercero se adjudica así mismo que es perseguido político, por ello se fue a huir como un forajido y desde el exilio neciamente dice que es inocente.

Pero ante los hechos controvertidos, apuntan que el estilo de vida que se dio durante y después del mandato, es diametralmente opuesto el que tenía antes de llegar al poder, por lo tanto, su estilo de vida se sostiene con dinero mal habido.

En consecuencia, con la llegada del Presidente Bukele, los salvadoreños esperaban un gobierno decente y relativamente honesto, sobre todo porque llegaron al poder argumentando que eran personas impolutas y juraron ante la Constitución no ser igual a ARENA y el FMLN, sin embargo, pasado un año de gestión, han salido a luz una gran cantidad de lastre que ha desgastado la imagen del gobierno del presidente Bukele. Sin temor a equivocarme los seguidores del presidente le toleraron que cometiera nepotismo, al contratar en teoría ad-honorem a sus hermanos, primos, tíos, amigos y parientes de su esposa, es decir hizo lo que criticó de los gobernantes anteriores.

Todo esto se lo pasaron por alto sus seguidores, pero como toda mentira, no se puede sostener por mucho tiempo. Pero como el guión es la victimización desde el presidente hasta el último de su gabinete, cayeron en su propia trampa, todos a unísono publicaron que renunciaban a su salario como una forma de presión para continuar usando la chequera del Estado de forma ilimitada, pero lo raro de todo ello es que los empleados ad-honorem que se habían dado vamos de pureza que estaban en su cargo por amor a la patria, renunciaron a semejante salario que en algunos casos supera los $8,000 dólares mensuales, para las necesidades de El Salvador, es obscenamente vergonzoso.

Pero el lastre de mentiras no termina ahí, dado que han continuado saliendo actos de corrupción que no se veían desde los tiempos de la apropiación de bancos desde 1989. Con un agravante adicional, dado que los que ahora gobiernan se suponía que harían las cosas diferentes, pero ha sucedido todo lo contrario. Han efectuado compras de mascarillas, a la empresa INSEMA, por el valor de $250,000 presuntamente sobrevaloradas, empresa que tiene relación directa con el expresidente de FONAES, que por presión de la ciudadanía el presidente Bukele, se vio en la obligación de destituir, lo mismo ocurre con la compra de $750,000 a SYGM Asesores, S.A. de C.V.

En mascarillas también con un precio muy por encima del valor de mercado, cuyos propietarios de la referida sociedad, son dos empleados del Viceministro de Inversión del Ministerio de Hacienda, que, por cierto, el presidente Bukele ha guardado silencio como en los anteriores casos. Pero lo que se ha vuelto más indignante es el caso de la Comisionada Presidencial, que presuntamente pudo haber utilizado su influencia para que contratan a sus hermanos; una como jefe de seguridad del CNR, otra como cónsul en los Estados Unidos y el otro como gerente de Bandesal, es decir todos en puestos estratégicos, para configurar la adjudicacion a una de sus hermanas la cafetería del Ministerio de Hacienda y un préstamo bancario.

En suma, este gobierno ha manejado tanto dinero, como nunca antes y lo han despilfarrado inconscientemente, pagando precios sobrevalorados como el caso de la terracería de CIFCO, empresas de publicidad vendiendo camiones, empresas informáticas vendiendo mascarillas, un veterinario dirigiendo la emergencia de salud y neófitos queriendo enseñar cómo interpretar la Constitución a la CSJ.