Sinceramente no debiera extrañarnos que en el país estemos más cerca de tener una cleptocracia que una democracia representativa funcional. Los partidos políticos se han convertido en clubes que representan únicamente los intereses de sus cúpulas y de sus financistas. Las propuestas que presentan y los acuerdos que logran así lo demuestran. La pregunta que deberían hacerse, es: ¿Cuánta más violencia, ignorancia, enfermedad, corrupción, pobreza y desigualdad aguantará esta forma de hacer política?
Los problemas que tenemos en el país no son eventos aislados ni coyunturales, sino el resultado de esa forma de hacer política. Pero no es sostenible, especialmente para ellos, porque en el mediano y largo plazo nadie gana con democracias disfuncionales, si no veamos lo que está pasando en Nicaragua. Pero, ¿cómo podemos revertir esta situación?
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) les acaba de entregar a los partidos políticos una propuesta para lograr un acuerdo fiscal integral que constituya una agenda de corto (los próximos dos años), mediano (los próximos cinco años) y largo (los siguientes diez años) plazos en las áreas de transparencia, gastos, ingresos y deuda pública.
Las acciones en materia de transparencia son indispensables para acercar y legitimar el quehacer de la administración pública frente a la sociedad, e incluyen aspectos como una política nacional anticorrupción y gobierno abierto; mejoras sustanciales en los controles de probidad; fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la auditoría del uso de los recursos públicos; además de implementar mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas.
En cuanto al gasto público se plantean acciones para garantizar el bienestar de los salvadoreños, que incluye la universalización y mejora cualitativa de los bienes y servicios públicos; la vinculación de la planificación con presupuestos por resultados; intervenciones en áreas claves como inversión pública y servicio civil; la eliminación de gastos superfluos y la creación de un fondo intergeneracional para financiar inversiones en niñez y adolescencia.
Con respecto a los ingresos públicos propuso incrementar los esfuerzos por movilizar recursos con sentido de progresividad y suficiencia; la modernización y fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera; la adopción de impuestos ambientales; así como la eliminación de privilegios fiscales injustificados. En cuanto a la deuda, se aconsejó su reestructuración y ordenar el uso de las Letes. Por otro lado, planteó la necesidad de reformar el sistema previsional para mejorar la cobertura y alcanzar la universalización de la seguridad social.
Por lo que en este complejo proceso electoral ha llegado el momento de estar a la altura de las circunstancias y lograr un acuerdo político que, por primera vez, ponga en el centro los intereses del país; reconociendo que la tarea no es nada sencilla y el camino para solucionar los problemas estructurales va más allá del tiempo y poder del gobierno de turno. Y eso es posible mediante la discusión de un acuerdo fiscal integral que nos permita pactar: ¿Cuál es el país que queremos?, ¿cuánto cuesta?, ¿cómo lo podemos alcanzar?, ¿cómo lo vamos a financiar?
En el compromiso por alcanzar un acuerdo nos jugamos las posibilidades de construir una sociedad que prefiere asumir el costo de la educación y no el de la ignorancia, el de salud y no el de la enfermedad, el de la seguridad y no el de violencia, el del desarrollo y no el de la miseria. Y eso requerirá consensos incluso entre quienes pensamos diferente.