Lo ocurrido el 9F no puede menos que asumirse como un intento de imponer con fuerza militar un objetivo político a las fracciones partidarias representadas en la Asamblea Legislativa. En su interpelación ocurrida la semana pasada, el Ministro de Defensa persistió una y otra vez en descontextualizar los hechos enmarcados en llamados oficiales a una supuesta insurrección popular y la inédita invasión de efectivos militares en las instalaciones del parlamento.
La práctica de rodearse y hacer gala de poderío militar es una constante en la actual gestión gubernamental, así como también el dar protagonismo a los militares en el abordaje y respuesta a complejas problemáticas sociales. En el contexto covid19, emergencia y calamidad, han sido nombrados gobernadores departamentales oficiales activos que ejercen jefaturas en destacamentos militares y brigadas.
En la aplicación de medidas decretadas por el ejecutivo restrictivas a la libertad de movilización de las personas con el supuesto objetivo de contener la propagación de la pandemia, en muchos casos fueron efectivos militares los que tomaban la decisión, en lugar de operador en salud, si una persona acusada de infringir las medidas decretadas era detenida arbitrariamente y remitida a un centro de contención.
El indicador más claro de este proceso es el control de la Policía Nacional Civil por un cuestionado grupo de ex efectivos de la Fuerza Armada y ex miembros de cuerpos de seguridad disueltos como parte de las negociaciones que llevaron a la firma de los acuerdos de paz.
El que estén al frente de la PNC liderazgos con historia y carrera militar desnaturaliza el espíritu civil con que fue creada esta instancia y la empuja a características más propias de una policía militarizada, cada día más denunciada por la responsabilidad de sus oficiales en la comisión de violaciones a derechos humanos. Como comenta la académica argentina Rut Diamint, se trata de un nuevo militarismo en la región, en donde hay una militarización de la policía y una policialización de los militares.
Es precisamente el rol cada vez más protagónico de operativos de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública el mayor reflejo de respuestas militarizadas a fenómenos y problemáticas sociales que requieren abordajes más integrales encaminadas a resultados más efectivos a largo plazo. La imagen de una figura militar como sinónimo de seguridad en comunidades azotadas por la criminalidad organizada es uno de los mayores engaños de la estrategia de marketing político característica en gestiones gubernamentales recientes y en la actual.
Después de casi doce horas de interpelación, el ministro Merino Monroy probablemente haya resultado fortalecido en su imagen individual por el estoicismo mostrado, pero ello no se proyecta hacia el comandante general de las Fuerzas Armadas. Han persistido en defender lo indefendible y ello cada vez más va cobrando factura. Sin embargo, lejos de rectificar, más bien se acentúa el discurso confrontativo que insulta y agrede a cualquier opositor o crítico. De ello se esta solo a un paso de pasar de la ofensa y amenaza a la acción concreta de agresión. Por esa razón es imprescindible cerrar filas para no olvidar el 9F y tomar las acciones correctivas necesarias para no admitir una escena similar en el futuro.