Después de una larga semana entre los estragos de ETA y la incertidumbre electoral en Estados Unidos hay motivos para celebrar que el binomio Biden/Harris estará al frente de la Casa Blanca. Sin embargo, el tiempo dirá, gradualmente, que tan optimistas podemos ser en Centroamérica. El cambio de narrativa, la primera diferencia sustancial, es de por si ya un alivio, pero las distancias entre discurso a realidades tendrán que irse midiendo, empezando por uno de los principales temas más sensibles para nuestros países, el de nuestra niñez migrante.

Las imágenes y llantos de niñas y niños migrantes encerrados en estrechas celdas divididas por mallas metálicas como parte de la ejecución de la orden de Donald Trump de separarlos de sus familias cuando cruzaban la frontera sur de Estados Unidos, indignó al mundo entero. Entre abril a junio 2019 fueron prácticamente arrancados de los brazos de sus padres más de 2 mil 500 niños y niñas y privados de libertad en lo que se veían más como jaulas que como centros de detención para migrantes. En uno de los debates electorales televisados entre Biden y Trump, este último pretendió evadir su responsabilidad en este tema echando en cara al candidato demócrata que las llamadas “jaulas” habían sido construidas desde 2014 en la gestión del expresidente Obama durante la conocida como emergencia humanitaria por el masivo ingreso de niños migrantes desde la frontera con México.

Una orden judicial favorable en el caso 3:18-cv-00428 contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), lograda por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), pudo revertir la orden “Tolerancia cero” que mantenía a los niños separados de sus familias. No obstante, un reporte del Departamento de Justicia estadounidense reveló en el mes de octubre que en el caso de 545 niños separados en 2017 y 2018 ni siquiera habían sido identificados sus padres aún, muchos de los cuales ya habrían sido deportados a sus países de origen.

Condiciones inhumanas en centros que resguardaban a niños migrantes en Texas fue atestiguado y denunciado por organizaciones legales y congresistas, incluyendo la demócrata Alexandria Ocasio Cortez que no dudó el año pasado en llamarlos “campos de concentración”. El número de niños migrantes encarcelados en Estados Unidos habría superado los 70 mil en el 2019, cifra a la que debe sumarse la dolorosa muerte de al menos 7 niños migrantes de origen centroamericano estando detenidos por autoridades migratorias estadounidenses.

En 2020, las llamadas “deportaciones express” no han excluido a niños migrantes. Cientos de niños y adolescentes han sido deportados rápidamente por las autoridades estadounidenses en medio de la pandemia del coronavirus, sin la oportunidad de hablar con un trabajador social o solicitar asilo por la violencia que hay en sus países de origen. Este tipo de deportaciones violan la Ley de Protección de Víctimas de Trata y Violencia, una ley federal que se promulgó hace 20 años y define los estándares para el manejo de niños extranjeros que llegan a la frontera estadounidense sin un adulto.

Niños y jóvenes originarios de Honduras, Guatemala y El Salvador inician junto con sus parientes o “no acompañados” el trayecto migratorio irregular huyendo de condiciones de inseguridad en el triángulo norte de Centroamérica. La implementación de políticas como “Tolerancia Cero” ha sido crueldad, crueldad en su más alta forma, como lo ha descrito recientemente el Papa Francisco. La reversión de este tipo de políticas debe ser una de las primeras acciones a impulsar por Joe Biden, incluso antes de asumir formalmente su mandato en enero próximo. Así lo demandan 545 niñas y niños migrantes que han sufrido en carne propia la crueldad hecha política en los Estados Unidos. Ellos y ellas deben ser prioridad. Hacerlo así podrá darnos los primeros indicadores de que es lo que podremos esperar, en hechos concretos, de un nuevo ciclo de gobierno en Estados Unidos al mando nuevamente del partido demócrata.