La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó ayer dos demandas contra la emisión de títulos valores por $550 millones y por la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República.

Ambas demandas habían sido presentadas por el abogado Herbert Danilo Vega Cruz.

Vega Cruz -en el caso de los $550 millones- alegaba que el decreto legislativo emitido transgredía el proceso de formación de ley establecido en la Constitución, debido a que no existió “suficiente” discusión en el interior de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, no se informó a la población sobre la conveniencia de la adquisición de dicha deuda ni tampoco se documentó, evaluó o comprobó la urgencia que justificara la modificación de la agenda y se procediera a la dispensa de trámite. Además, que no se consultó con los distintos agentes económicos y con los tanques de pensamiento.

La Sala estableció que el demandante no formuló argumentos que concreten y precisen los motivos por los que considera que el procedimiento legislativo que produjo dicho decreto transgrede los principios de seguridad jurídica, “sistema de gobierno republicano, democrático y representativo” y sistema político pluralista

En el caso de la elección de la Corte de Cuentas, Vega Cruz señaló que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa “omitió el procedimiento” y se limitó a elegir a los candidatos propuestos por los partidos políticos, sin mayores elementos ni criterios, tratándose de un “mero reparto de puestos de acuerdo con la aritmética legislativa” y que  no se verificó si existía o no vinculación o afinidad con partidos políticos.

La Sala estableció que el demandante no ha aportado algún elemento probatorio que permita sustentar las afirmaciones realizadas, por lo que se rechazó la demanda.

Ambas resoluciones de improcedencia fueron firmadas por los magistrados Óscar Pineda Navas, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime y Eliseo Ortiz.