El financiamiento se destinaría para intervenir 30 centros educativos, beneficiando a 7,466 estudiantes y 392 maestros, de 12 departamentos del país excepto La Unión y Cabañas.
“Esas escuelas han sido escogidas, precisamente, porque se encuentran en municipios de alta vulnerabilidad y pobreza”, dijo la titular del ramo, Carla Hananía de Varela, durante su exposición a la comisión de Hacienda.
Los fondos tienen dos líneas de trabajo, una es para infraestructura con $1,048,299.63 para reparaciones menores, como sistema de abastecimiento de agua, sistema de drenaje y aguas residuales y el sistema eléctrico. También cambios en techos, puertas, ventanas, pisos, servicios sanitarios y obras de accesibilidad.
$67,820 se ocuparán para mobiliario para dichos centros educativos, como pupitres y escritorios.
“Uno de los caminos para acabar con la pobreza, la desigualdad y el escaso crecimiento económico es abordar las necesidades sociales y entre ellas, prioritariamente, la educación”, manifestó la funcionaria. De Varela expresó que los fondos no se aprobaron por la anterior legislatura y eso les generó un retraso, porque debieron aprobarse en el año fiscal 2020.