“En la Corte Suprema de Justicia en realidad hemos tenido peticiones (de información) en las que hemos advertido el claro propósito de frenar el trabajo que realiza la Corte Suprema y las oficinas emblemáticas hoy por hoy como la Sección de Probidad”, aseguró en la radio “Mi Gente”.
Blanco señaló que por ese motivo “la misma Corte ha presentado demandas de amparo en contra del Instituto de Acceso a la Información Pública”. “Porque se está advirtiendo un claro propósito de neutralizar, de impedir, las investigaciones especialmente de casos de corrupción”.
El magistrado mencionó que una solicitud de información a la oficial de información pública es la base de datos de todos los expedientes. A eso añadió otra petición de información sobre cada uno de los cuatro magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Blanco.
Dijoque por cada uno son 18 peticiones. “Solicita información alguna relevante, no debo negarlo (viajes, combustible, personal, familiares contratados), pero además hay otra información que no sé si a usted le parece relevante: informe detallado de la despensa solicitada por cada uno de los magistrados, del café, chocolate, aromatizante, etcétera”, afirmó en el programa.
Blanco señaló que algunos solicitantes de información “obedecen” a otras personas.
Refiriéndose a las instituciones públicas en general, el funcionario judicial dijo que “no se puede utilizar un ejército de prestanombres para intentar bloquear el trabajo de las instituciones”.
“Es muy probable que para evitar la investigación de corrupción de determinados funcionarios se hagan múltiples solicitudes para que se entretengan realizando estadísticas o impedir el desarrollo de una agenda”, afirmó.
El magistrado negó que la Sala de lo Constitucional haya retrocedido en acceso a la información pública, luego de una resolución en la que impone límites a la entrega de información considerada superflua de la actividad de un funcionario y no de interés público, a las solicitudes que “denoten razonablemente un interés deliberado en neutralizar u obstaculizar el desarrollo normal” de las instituciones, o generar información sobre hechos que no tuvieron lugar en presencia de los actuales titulares. Ayer, el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información y el Instituto de Acceso a la Información Pública pidieron a la Sala de lo Constitucional revertir esos límites, porque lo consideran un claro retroceso a la información pública (vea nota en página siguiente).
