La oficial de información de la Presidencia de la República, Gabriela Gámez Aguirre, fue denunciada por la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador (Alac-Funde) por no haber acatado una orden del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Alac-Funde también interpuso una demanda contra el director general de Centros Penales, Osiris Luna.

Para ambos, Alac-Funde pide al IAIP que inicie procesos de sanción por la infracción grave de no proporcionar información cuya entrega fue ordenada por el Instituto.

El IAIP le ordenó a ambas autoridades entregar información sobre el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). A la Dirección de Centros Penales le ordenó entregar los informes de auditorías a las tiendas de los centros penitenciarios desde el 1 de enero de 2015, el proyecto para la creación de un fondo para las tiendas, los libros diarios de contabilidad de 2017 y 2018 de las tiendas carcelarias y el catálogo de cuentas de 2017, 2018 y 2019.

La institución pidió también la recusación contra los comisionados Ricardo Gómez Guerrero y Luis Suárez Magaña, ya que han interpuesto un aviso de demanda contra sus nombramientos por ilegalidades en el procedimiento de elección.

Agregan que Suárez Magaña ha opinado en sesiones del Instituto que “no deben sancionarse a los oficiales de información”.