La comisión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitada por el Gobierno central para abordar el tema de la crisis fiscal, se reunió ayer con representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) para oir las opiniones del sector empresarial y sondear si ese sector está en la disposición de respaldar los posibles acuerdos y recomendaciones que surjan de las discusiones entre el Gobierno, los partidos políticos y el Fondo.
“Ellos (el FMI) lo que quieren es asegurarse que las condiciones que van a poner cuentan con el apoyo político de los principales partidos de oposición y que, ese apoyo político, va a tener un respaldo real de los sectores, ahí es donde venimos nosotros, por ejemplo, si hubiese un compromiso de subir impuestos, qué pensamos nosotros (la ANEP) de ese acuerdo”, explicó Luis Cardenal, de la ANEP.
Cardenal expresó que plantearon al FMI la necesidad de enfatizar en temas como la generación de empleos, las condiciones de atracción de inversión, la ampliación de la base tributaria, la seguridad jurídica, “porque eso es indispensable para que cualquier otra medida que ellos propongan, pueda ser mantenida en el tiempo”, dijo.
Cardenal aseguró que están en la disposición de dar respaldo a los recomendaciones del FMI, pero que “no deberíamos de tratar los síntomas de la enfermedad, sino la causa. Y la causa son las malas políticas públicas que no funcionan, gastar más de lo que se ingresa, no priorizar el gasto, lo que hace que no se perciba ningún beneficio con todos los programas sociales”, expresó Cardenal.
“Nosotros lo que decimos es que depende cuáles sean esos acuerdos y si el acuerdo va orientado a resolver la causa del problema, o si solo va orientado a resolver circunstancialmente la crisis en la que estamos. Si no atacamos la causa, vamos a estar siempre en estas angustias de no caer en el impago todos los años”, señaló.
Cardenal enfatizó que ya existe un compromiso adquirido por el Estado en la Ley de Responsabilidad Fiscal y criticó que el Gobierno la ha incumplido al no presentar un presupuesto a la Asamblea que refleje todos lo gastos a realizar en el 2017.