Con esta separación, la ANEP propone crear Contraloría General, que tendría a su cargo las funciones administrativas, es decir, la realización de las auditorías y toda la investigación y la fiscalización de la actividad económica y financiera del Estado, que hoy por hoy, realiza la Corte de Cuentas.
Según el documento, uno de los objetivos es “contar con un sistema de fiscalización y juzgamiento del manejo de los fondos públicos autónoma y totalmente independiente de los intereses de los partidos políticos”.
El documento contempla que el cargo de Contralor General y subcontralor será por nueve años, elegidos por la Asamblea Legislativa y sin derecho a reelección.
La propuesta no es descartada por el diputado del PCN, Antonio Almendáriz, quien asegura que el presidencialismo de la CCR no permite investigar los casos en donde hay hallazgos en auditorías.
“El mismo hecho que sea presidencialista y tenga el monopolio de todo, el presidente magistrado, no permite que los casos sean investigados e inclusive la imparcialidad de los casos”, aseguró.
Por su parte, el diputado de ARENA, Ricardo Velásquez Parker considera que la división de funciones permitiría una “despolitización” de la misma Corte de Cuentas.
“Una Corte de Cuentas necesita esa separación, unos que se dediquen a la parte eminentemente administrativa y otros que se dediquen a la parte de Contraloría a lo que están llamados. Generaría una despolitización de la Corte de Cuentas en beneficio de las instituciones que fiscalizan”, dijo. Velásquez Parker recordó que esta división de facultades fue propuesta de campaña de su partido.
También GANA dijo estar abierto a discutir el tema. La creación de una Contraloría General también es promesa de campaña del PCN.
¿Y la Corte de Cuentas?
La creación de una Contraloría no supone la eliminación de la Corte de Cuentas, sino que esta última tendría las facultades jurisdiccionales, el trámite de los juicios de cuentas.
Según la propuesta, la Corte de Cuentas estaría conformada por Cámaras de Primera Instancia y la Cámara de Segunda Instancia.
El documento del Enade plantea que los magistrados de la Corte de Cuentas sean electos para nueve años sin derecho a reelegirse y con sustituciones de manera escalonada cada tres años.
La propuesta pretende reformas los artículos 131, 195, 196, 198 y 199 de la Constitución de la República.