La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) rechazó las declaraciones del asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, quien recomendó a funcionarios que tomen acciones legales contra periodistas que publiquen sobre actos de corrupción que "dañen su honor".

Durante la entrevista Frente a Frente del pasado lunes, Argueta pidió a los funcionarios del gabinete de Nayib Bukele señalados de corrupción que actúen en contra de los periodistas que publiquen investigaciones y escriban sobre las sanciones que les impone Estados Unidos.
Recomendaría a los funcionarios de Gobierno que ejerzan acciones correspondientes; pero posiblemente sí contra quien lo escribe”. Javier Argueta, asesor jurídico de Casa Presidencial.

Al respecto, la APES señaló que Argueta, uno de los asesores más cercanos al presidente Nayib Bukele, ataca la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en El Salvador; "desconociendo las normas jurídicas, nacionales e internacionales".
No causa sorpresa tales exabruptos; ya el gremio de periodistas está acostumbrado a ellos. A lo que no nos acostumbramos en la APES es a la exhibición de ignorancia jurídica que el funcionario demuestra, situación que debería ser motivo de preocupación en una sociedad democrática”. APES.

La gremial recomendó, además, que se asigne un asesor a Argueta que le recuerde el significado de los derechos a la libertad de expresión y de prensa y las consecuencias que tal situación tiene para el país.



Los periodistas citan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su Art. 13 que detalla que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”, que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

La misma convención "señala que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales", agregan.

Además, la misma Constitución salvadoreña reconoce en el Art. 6 el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento, derechos que complementa con el derecho de respuesta.
De manera que tanto el emisor de un mensaje como quien lo recibe, y se considere agraviado, pueda ejercer sus derechos y garantías en forma libre y responsable, eliminando el mensaje, no al mensajero, como sugiere la lógica jurídica del asesor presidencial”, explica la APES.

LEA MÁS: Asesor del presidente pide a funcionarios que actúen contra periodistas que "dañan su honor"