Margarita Escobar (ARENA) y Mario Ponce (PCN). / Ó.M.
La Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Simplificación Administrativa, que promete sancionar incluso con despido a funcionarios o empleados públicos que apliquen obstáculos arbitrarios en trámites y procedimientos administrativos.
La normativa crea el Instituto de Facilitación de Trámites (Indefácil), adscrita a la Presidencia de la República y cuyo Consejo Directivo estaría conformado por siete personas representantes: uno de la Presidencia, uno de Asamblea, uno de la Corte Suprema de Justicia, dos de las alcaldías y dos de las gremiales empresariales.
Dos sanciones primeras no sobrepasarán el 5 % de un salario mínimo del salario recibido por el responsable, pero luego las infracciones por tercera vez serían causal de “despido”.
El director ejecutivo del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), Jaime Campos, está en desacuerdo con la creación de Indefácil, porque ya existe el OMR, institución establecida como fruto del encuentro público - privado en la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad, en Miami.
Campos sostuvo que lo ideal es contar con una Ley de Procedimientos Administrativos, una más integral con disposiciones sobre la potestad regulatoria de las instituciones. “Es insuficiente pretender la simplificación de trámites si no se revisan las regulaciones, que es la otra parte o componente de la mejora regulatoria”, dijo.