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El polémico crédito de $109 millones para el plan de seguridad del Gobierno volvió a quedarse sin apoyo de la Asamblea Legislativa. La razón: persisten las dudas sobre el uso de los fondos y la legalidad del préstamo que provocó la militarización del congreso el 9 de febrero.
Dentro de la Comisión de Hacienda, los diputados de Arena, Gana y PCN dieron su visto bueno para que el Ministerio de Hacienda negocie el contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinado al equipamiento y modernización de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. El FMLN y PDC, sin embargo, no dieron sus firmas para que la iniciativa llegara al pleno.
Arena, principal partido de oposición, cambió su retórica sobre el crédito y cabildeó con el resto de fracciones los votos para aprobar los fondos. El jefe de fracción, Carlos Reyes, dejó atrás las reiteradas críticas sobre la transparencia del Plan Control Territorial y propuso reorientar $18 millones para compra de uniformes y más vehículos.
Tras conocer esta propuesta, el presidente de la Comisión de Hacienda y diputado de Gana, Guadalupe Vásquez, convocó a los diputados para emitir un dictamen favorable; pero se encontró con la resistencia del resto de partidos.
La diputada del FMLN, Yanci Urbina, afirmó que su partido acompañará “cualquier iniciativa que tenga que ver con la seguridad de la población”, pero “eso no significa que estemos a disposición de aprobar un préstamo con serias dudas”, y cuestionó la insistencia de Arena por aprobar el crédito por un supuesto “pacto con el Gobierno”.
Rodolfo Parker, del PDC, dijo que se están invirtiendo fondos “en atacar a sus rivales políticos” en lugar de seguridad ciudadana.
