Diputados de la Comisión de Hacienda y Gobierno buscan un acuerdo para aprobar el presupuesto, hacer ajuste fiscal y resolver necesidades financieras. / DEM


Diputados de ARENA pidieron al Gobierno el plan de inversión de 2019 y el detalle sobre los ingresos que tiene la empresa estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) de su subsidiaria estatal Inversiones Energéticas (INE S.A. de C.V.).

Los diputados Donato Vaquerano y Milena Calderón de Escalón, de ARENA, y el asesor de la fracción, asistieron ayer a la reunión técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre el presupuesto general de la nación 2018, cuya aprobación es estudiada en diferentes reuniones bilaterales de los partidos políticos.

“No vemos nada de LaGeo. Esa empresa, 99 % es del Estado, no vemos datos, necesitamos datos, conocer cuáles son los dividendos que ha dado la INE a LaGeo, y CEL lo debería reflejar”, dijo la diputada Calderón.

En el presupuesto de la CEL, aparecen $2,469,030 de “obligaciones a cancelar”.

“No podemos tener en el Gobierno áreas oscuras”, agregó el diputado Vaquerano.

ARENA ha cuestionado la incerteza de las utilidades que obtiene la INE por la extracción de la energía geotérmica.

El partido de derecha también pidió que el BID les explique cómo se ha aplicado la reforma de pensiones en el presupuesto y la sentencia de la Sala de lo Constitucional. “Si cumple o no lo que dice la Sala”, afirmó.

 

Cuestionan a ONG internacional

Los diputados cuestionan que algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) reciban fondos del Estado, como por ejemplo, organizaciones internacionales que no pueden ser auditadas por la Corte de Cuentas de la República.

Los diputados recibieron ayer un informe del BID sobre el presupuesto. El diputado Rolando Mata, del FMLN, señaló que detectaron que podría haber $22 millones de nuevos ingresos. No detalló si se trataba de recortes al mismo presupuesto. La Asamblea Legislativa debe aprobar el presupuesto general de la nación de 2018, cumpliendo una sentencia de la Sala de lo Constitucional que le exige tomar medidas de austeridad y la Ley de Responsabilidad Fiscal, que exige un ajuste fiscal.