Javier Argueta, asesor del presidente de la República, durante la entrevista AM. /Cortesía Secretaría de Prensa.
El asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, respaldó este jueves la resolución hecha por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que ordena la reapertura del proceso judicial por la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, ocurrido el 16 de noviembre de 1989.
Los magistrados nombrados el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa, tras la destitución de sus antecesores, revocaron ayer una resolución de la Sala de lo Penal que cerró el caso de la masacre de los jesuitas en las intalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Esta resolución, para Argueta, significa que "al fin se hizo justicia", declaró durante la entrevista AM, en el oficialista Canal 10.
Además, consideró que la Sala de lo Penal anterior, que emitió una resolución para establecer la nulidad del proceso, "violentó el principio de legalidad" al admitir el recurso de casación 3CAS2019, el cual pedía declarar los delitos como prescritos.
La Sala de lo Penal erró y violentó el principio de legalidad al desconocer, primero, que esa apelación no la podía emitir porque, en el Código Penal de 1998, el que se presentase una nulidad y que la Sala conociese no estaba configurado." Javier Argueta, asesor de Capres.
Este criterio es el mismo que utilizaron los magistrados para emitir su resolución, acusando a la Sala de lo Penal de "resolver inconstitucionalmente los recursos de casación impuestos, así como todos los actos que se efectuaron con posterioridad a esa actuación".
Por ello, declararon que "las cosas vuelven al estado que se encontraban antes de la emisión de dicha providencia”; es decir, se abre la posibilidad de iniciar una causa penal contra los acusados por la masacre.
Para resolver, los magistrados ordenan a la Sala de lo Penal que "pronuncie resolución correspondiente, conforme a la ley", en un plazo de 10 días.
¿Qué significa "una resolución conforme a la ley"? Para el asesor de Casa Presidencial, esto implica "enviar el caso nuevamente a un juzgado de Paz", o bien, "darle la oportunidad al fiscal para que presente nuevamente el requerimiento con las investigaciones correspondientes y otros elementos que le añadan".
"No a la impunidad".
El 8 de septiembre de 2020, la Sala de lo Penal ordenó cerrar el proceso judicial de la masacre de los jesuitas, tras un recurso de casación que interpuso el defensor de militares, Lisandro Quintanilla, quien argumentó que el caso ya había prescrito.
Días más tarde, España condenó a 133 años de cárcel al excoronel Inocente Montano, quien fue procesado por la muerte de cinco sacerdotes jesuitas españoles.
El presidente de la República, Nayib Bukele, también reaccionó a la resolución de la Sala de lo Constitucional, y señaló que "es una muestra que no se permitirá impunidad".
No se tolerará ningún crimen por más alto (el cargo) que sea la persona que lo cometa . No solo se va a buscar al delincuente de abajo, pero a mayor crimen y mayor cargo, mayor la pena y mayor la repercusión que debe pagar por haber cometido esos crímenes”. Nayib Bukele, presidente de la República.
Este 2022 se cumplirán 33 años desde la masacre de los jesuitas, ocurrida el 16 de noviembre de 1989. /Archivo DEM.
La masacre.
El 16 de noviembre de 1989 en la madrugada, el batallón Atlacatl masacró a Ignacio Ellacuría, quien era el rector de la UCA; Ignacio Martín Baró, el vicerrector académico; Segundo Montes Mozo, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA; Juan Ramón Moreno Pardo, director de la biblioteca de la universidad; Amando López Quintana, profesor de filosofía de la UCA, todos de nacionalidad española.
También fueron asesinados los salvadoreños: Joaquín López y López, sacerdote jesuita y fundador de la UCA; Elba Ramos, quien era cocinera de los sacerdotes y su hija, Celina Ramos.
En el juicio de Montano, el exteniente, Yushy Mendoza dijo que el Alto Mando ordenó asesinar a Ellacuría sin de dejar testigos. Entre los involucrados de esta masacre se ha mencionado al expresidente de la República de ese entonces, Alfredo Cristiani, a quien los militares consideran miembro del Alto Mando.