La Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) allanaron las instalaciones de la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, el pasado 22 de noviembre. /Gabriel Aquino.
El asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, advirtió que la Fiscalía General de la República (FGR) hará más allanamientos en contra de organizaciones no gubernamentales, e incluso promoverá órdenes de captura en contra de sus líderes, por "apropiarse" de fondos públicos o "desfalcar al Estado".
Durante la Entrevista AM, del oficialista Noticiero El Salvador, Argueta justificó los allanamientos hechos por el Ministerio Público a más de ocho oenegés, como respuesta al aviso por el delito de peculado, interpuesto por la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigó fondos destinados estas organizaciones desde el Estado.
Argueta acusó a exdiputados y partidos políticos de crear "una red para generar supuestas organizaciones y fundaciones" para "beneficiar no solo a partidos, si no intereses personales".
Es una estructura que no debe quedar impunidad. La Fiscalía está haciendo lo que le corresponde, no está haciendo nada más, está haciendo la obligación constitucional y la exigencia del constituyente, en este caso del pueblo salvadoreño, a que investigue". Javier Argueta, asesor de Casa Presidencial.
Los allanamientos, dijo, solo forman parte de la investigación que desarrolla la Fiscalía, pero advirtió que "sin duda alguna, vienen más".
Parte de la investigación lo que produce es el allanamiento, sin duda alguna vienen más allanamientos, sin duda alguna vendrán órdenes de captura para estas personas que se apropiaron o desfalcaron dinero de Salud". Javier Argueta, asesor de Casa Presidencial.
Argueta señaló que los fondos fueron sustraídos "posiblemente de rubros como Salud o Educación". Las "colas presupuestarias" o "sobrantes" del presupuesto general de la nación también pertenecen a otras instituciones del Estado, que quedaban "disponibles" tras las reducciones impuestas por la Asamblea Legislativa en el proceso de aprobación.
El asesor de Capres señaló que "lo más grave" en las acusaciones contra estas oenegés, es que "no se presentaban solicitudes de otorgamiento de fondos", si no que se otorgaban por acuerdo entre los diputados de la Asamblea Legislativa a determinadas organizaciones que ellos consideraban pertinentes.
El pasado 22 de noviembre, fiscales irrumpieron en las instalaciones de la Asociación de Movimientos de Mujeres Mélida Anaya Montes, la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES), la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (FUNDASPAD), Fundación Salvadoreña de Apoyo para Víctimas y Afectados por las Pandillas “Una Mano Amiga” (dos inmuebles), Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA, la Asociación de Mujeres Tecleñas, y la Fundación Ambientalista de Santa Ana “FUNDASAN”.
Representantes de estas organizaciones han calificado las acciones de la Fiscalía como un "acto de persecución política" y "un atraco", así mismo, una justificación para la aprobación de la Ley Agentes Extranjeros.
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