La comisión de relaciones exteriores inició el estudio del convenio de trabajadoras y trabajadores domésticos.

La Asamblea podría ratificar en los próximos días el Convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que fue aprobado en 2011.


El convenio obliga a los Estados a fijar una edad mínima para los trabajadores domésticos y a adoptar medidas para asegurar que los trabajadores estén protegidos contra abusos, acosos y violencia.


Así mismo, obliga a los Estados miembros a adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos tengan un salario mínimo sin discriminación por sexo.


Un “informe resumen” del convenio fue entregado el miércoles pasado a los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores, algunos manifestaron su respaldo desde ya.


Respaldo


“Me sumo a este proyecto”, dijo el diputado Raúl Chamagua. “Tenemos la responsabilidad de aprobar este convenio para garantizar que su trabajo sea un trabajo digno y que no sufran mayor explotación laboral”, agregó el legislador.


La diputada Evelyn Merlos pidió consultar antes a autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu).


Walter Alemán dijo que se suma a la “celebración”, ya que la comunidad de San Francisco se lo había solicitado. “Las trabajadores domésticas juegan un papel importante en cada uno de nuestros hogares”, dijo el diputado Walter Alemán, de Nuevas ideas, que aseguró que sería “bonito que las trabajadoras doméstias tuvieran salarios dignos”.


Edgardo Mulato mencionó que “Julita” tiene 35 años de estar en su casa. “Es parte de la familia, creo que todos tenemos un nombre característico, ella es mi nana”, dijo.



Seguridad social


De acuerdo al convenio, el Estado deberá adoptar medidas para asegurar que disfruten de condiciones no menos favorables de seguridad social y maternidad que los trabajadores en general, aunque sea de manera progresiva, en consulta con organizaciones de trabajadores y empleadores. También tendrá que crear un mecanismo de denuncias de abusos y fraudes. El convenio inició su vigencia el 5 de septiembre de 2013.