El Estado debe pagar $47.3 millones de CIP que se vencen del 8 al 20 de julio pero solo posee $33 millones –ya aprobados por la Asamblea– de fondos que le debía la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) e ingresos de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget).
El posible escenario ante un segundo impago, luego del sufrido en abril pasado, es, según el presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), Raúl Cardenal, no solo que baje la calificación de riesgo, sino: pérdida de acceso al financiamiento internacional y local, pérdida de empleos, incremento de pobreza, reducción del consumo, cierre de empresas, reducción de recaudación fiscal, incremento del déficit y deterioro de los servicios públicos.
Abansa pidió urgentemente “acuerdos políticos que aseguren el total y además puntual pago de los vencimientos de capital e intereses de los CIP”.
Como medidas sugirió cumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal, hacer los ajustes necesarios para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y concretar una reforma integral de reforma de pensiones sostenible. Si se cumplen, advirtió, mejorará las calificaciones y atraerá la inversión privada, provocando crecimiento y empleo.
¿En qué afecta?
Abansa mostró su preocupación por que la deuda de El Salvador ya tiene calificación triple C y, si hay un segundo impago, ello disminuirá el acceso a créditos del sistema financiero en el mercado externo.
Rafael Barraza, presidente ejecutivo del Banco Agrícola y vicepresidente de Abansa, explica que en 2009 se restringió el financiamiento externo al sector financiero en un 50%, lo que redujo el crédito a las empresas del sector privado en 35 % y terminó por provocar una recesión económica de 4 %. “Es un indicador de lo que podría pasar si se restringe el crédito externo al país debido a un default”, dice.
Carlos Araujo, presidente del Banco Azul y director suplente, asegura que eso es lo que preocupa a la industria bancaria. La asociación no descarta una crisis como la vivida en 2008 y 2009, cuando se restringieron créditos a empresas, pero asegura estar “muy esperanzados” con las muestras que dio el Gobierno al reorientar ingresos estatales para sufragar parte de la deuda por vencerse.
En octubre, se vencen otros CIP por $87.7 millones.