El decreto obligaba al Gobierno a capacitar, entregar insumos de protección y pagar un seguro de vida a todos los médicos, enfermeros y profesionales de Salud que combaten la pandemia. Foto: @ComunicacionSV


El presidente de la República, Nayib Bukele, vetó por inconstitucional un decreto legislativo que obligaba al Gobierno a capacitar, entregar insumos de protección y pagar un seguro de vida a todos los médicos, enfermeros y profesionales de Salud que combaten la pandemia del COVID-19.

El veto al decreto 620 llegó este lunes a la Asamblea Legislativa, que aprobó disposiciones transitorias relativas al trabajo de personal sanitario el pasado 1 de abril. Después de esa plenaria, Bukele advirtió en su cuenta de Twitter que no sancionaría ninguno de los vetos emitidos por el congreso.

En el documento, el mandatario reconoce que "el Estado es el principal obligado a garantizar la conservación y restablecimiento de la salud de sus habitantes, siendo el garante de la implementación de todas las medidas necesarias para la prevención y tratamiento de enfermedades".

No obstante, argumenta que las disposiciones de la Asamblea violan el principio de equilibrio presupuestario, establecido en el Artículo 266 de la Constitución de la República, que delega al Órgano Ejecutivo la dirección de las finanzas públicas "y estará especialmente obligado a conservar el equilibrio del Presupuesto, hasta donde sea compatible con el cumplimiento de los fines del Estado".



En su artículo 4, el decreto 620 establece que "el Gobierno de la República implementará los mecanismos necesarios para que los profesionales de la salud tengan un seguro de vida que permita la seguridad social de sus familias".

Esta disposición "introduce una obligación al Estado, sin proporcionar o identificar la fuente de financiamiento", debido a que implica una erogación de recursos "sin hacer una estimación o estudio del impacto", añade el veto.

Además, critica que el decreto se aprobó mediante dispensa de trámite, por lo que el Ejecutivo no pudo hacer observaciones, estudios ni proyecciones del impacto presupuestario.

"Las medidas a aprobarse deben ser analizadas y consensuadas con el Órgano Ejecutivo, dado que en la coyuntura económica y fiscal en que se encuentra el país, no es posible aprobar medidas que puedan desequilibrar el gasto público", agrega.