La directora de estudios legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Marjorie de Trigueros, advierte desde 2020 hay una caída de resoluciones sobre enriquecimiento ilícito. Ello podría deberse, dice, a dos razones: falta de recursos y de voluntad política.

Ella recuerda que el funcionamiento de la Sección de Probidad inició en 2015, año en el cual ejercían influencia magistrados elegidos en 2009 conocidos como los “cuatro fantásticos”.

 

Falta de voluntad y crisis institucional.


La eficacia de la Sección de Probidad, según la directora de Estudios Legales, depende del pleno, que decide con 8 de 15 magistrados.

Sin embargo, señala que la Fiscalía General de la República ha perdido su independencia desde el 1 de mayo y el Órgano Judicial “está cada vez más cooptado” por la destitución y el nombramiento contrarios a la Constitución.

Además de ello, considera que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se ha politizado y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES) fue desmantelada, lo cual señala marcha una tendencia contraria.