“Hay una serie de compañías que tiene offshore y tienen una base en Panamá porque Panamá se ha vuelto un centro financiero importante en el mundo, creo que lo que hay que averiguar no es eso, creo que el fiscal lo ha entendido muy bien, es de ver si son dineros lícitos y si no se presta a evasión de impuestos” o lavado de dinero, afirmó.
El exfuncionario instó a los Estados del mundo a “investigar si los dineros” en Panamá “son lícitos”.
Consultado sobre las transferencias realizadas de Alba Petróleos hacia su subsidiaria en Panaá respondió: “No es de fondos públicos, porque es una empresa, es una sociedad, habría que investigarlas igual que a todas”, añadiendo que el tema “se presta mucho al morbo” y que hay que confiar en la institucionalidad del país.
Por su parte, Facundo Guardado, excandidato presidencial y excomandante del FMLN, dice que la constitución de estas empresas “no es un acto ilegal en sí mismo”.
“El tema es para qué se usan”, reiteró. Aseguró que quien constituyó una empresa en Panamá es “porque iba a tener una utilidad”, pero que lo importante es investigar el uso de fondos públicos.
“Cada quien debería actuar y decirle a la Fiscalía: mire, voy a colaborar con usted, eso debería hacer cualquier persona que quiere sacar dudas sobre la constitución de una empresa en Panamá”, afirmó.
Ayer, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge Daboub, instó a que la sociedad Alba Petróleos dé cuentas porque es una empresa mixta creada con recursos públicos del Gobierno de Venezuela y de alcaldías salvadoreñas gobernadas por el FMLN.
En siete años, la sociedad, Alba Petróleos, fundada con dinero de alcaldías, a través de la Asociación Intermunicipal Enepasa, y fondos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha transferido $165.9 millones a su subsidiaria Apes Inc. fundada en Panamá por el diputado Carlos García Ruiz, quien es presidente de esa empresa radicada en Panamá.