La titular de la institución indicó que la CCR pretende implementar un sistema que permite dejar huella de cualquier cambio que se realice a un proceso de auditoría.
“Hoy por hoy, lo único que tenemos es confiar en la integridad de los auditores, que este fue el caso que hoy se dio; ellos, al hacer públicos los delitos que se le imputaban al exfiscal tuvieron temor y se avocaron a nosotros y nos pusieron en contexto”, dijo.
Según la presidenta de la CCR, se examinaron los papeles de trabajo de la auditoría y encontraron marginaciones que indicaban que por orden de la extitular de la Dirección de Auditoría Tres no procedía el hallazgo, por lo cual la magistrada presidenta y la primera magistrada de la CCR dieron aviso a la Fiscalía General de la República (FGR).
La exdirectora de Auditoría enfrenta un proceso de destitución por el cual estableció demandas contra dos magistradas de la CCR en un juzgado de lo civil. Pide $500,000 por supuesta remoción sin justa causa.
La Corte Suprema de Justicia dirimirá qué instancia conocerá la demanda contra la destitución, ya que tanto un juzgado de lo civil como un juzgado de lo contencioso administrativo se declararon incompetentes.
La investigación a otros dos directores está relacionada a la caducidad de la auditoría a la venta de terrenos del IPSFA en el año 2012 al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, sobre la cual ha presentado un aviso a la FGR.
En este caso, la decisión sobre cualquier sanción interna contra los dos directores de auditoría está en manos del organismo de dirección de la institución, conformado por los tres magistrados propietarios, luego de recibir el informe de la Dirección Jurídica.
“Es el periodo 2012, está fuera del plazo que nos establece la ley auditar; sin embargo, como bien lo dice la Constitución, debemos colaborarnos entre las instituciones, se tuvo a bien hacer el informe para efectos de investigación de la Fiscalía”, reiteró la funcionaria.
El caso El Chaparral
El otro caso investigado por la CCR es el relacionado a auditorías a la adjudicación del proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral a la empresa italiana Astaldi, S.A. Sobre este caso, una investigación fiscal indicó que la empresa Astaldi entregó $3.5 millones como dádiva por el arreglo para entregar la obra inconclusa de la presa, para lo cual, según la investigación, el expresidente Mauricio Funes y Miguel Menéndez (Mecafé) crearon dos empresas off shore en Panamá.
Rivas Landaverde explicó que en el caso de una juez investigada está pendiente también una resolución que debe ser emitida, por mayoría o unanimidad, de manera colegiada por los tres magistrados de la Cámara de Segunda Instancia.
“Desde abril está sentado en acta que los magistrados se comprometieron a analizarlo para determinar si está en firme la resolución”, reveló.
Por estas investigaciones están involucradas diferentes administraciones de la Corte de Cuentas. La reforma impulsada desde la institución busca que las investigaciones tengan un plazo de 10 años y ya no de cinco años como lo es actualmente.