La presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas, presentó a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, una propuesta para reemplazar la legislación actual. Explicó que entre los principales cambios está la contraloría absoluta de fondos públicos, independientemente de quiénes los ejecuten.
“El acceso irrestricto va incluido en la propuesta que presentamos. La ley nos manda que debemos auditar a todas las instituciones que administran fondos públicos, pero nos limita a instituciones constituidas en 100 % de fondos públicos”, explicó.
Actualmente, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la CCR, establece que “todas las entidades y organismos del sector público y sus servidores, sin excepción alguna”, están sujetas a la fiscalización y control de la entidad. La facultad se extiende para cubrir a entidades y organismos que reciben “asignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos”, solamente en el período durante el cual se efectuó el aporte y concesión.
La jurisdicción de la CCR termina, sin embargo, en el artículo 110 inciso 4) de la ley, que limita a supervisar “las sociedades o empresas cuyo capital esté integrado en el ciento por ciento de aportes de las entidades y organismos” del sector público.
Con la modificación, serían sujetos de control todas las entidades y servidores públicos, subsidiarias de autónomas, y terceros que por cualquier vía reciban y administren recursos públicos, incluyendo fideicomisos, subsidios y comodatos.
Modernizará procesos
La magistrada presidenta aseguró que la reforma apuesta por la modernización de la CCR y sus procesos, desde las auditorías hasta los juicios de cuentas.
Añadió, en el caso de las auditorías se pide ampliar el campo de acción. La ley permite actualmente hacer auditorías de cumplimiento, operacionales, de gestión y exámenes especiales, y “ahora se busca incluir las auditorías de desempeño, forenses, de tecnologías de información y ambientales”.
Además, los juicios de cuentas pasarían a contar con audiencias orales y dejarán de ser meramente documentales aseguró Rivas.
Las unidades de auditoría interna de las instituciones, además, pasarían a control de la CCR en su nombramiento, evaluación y destitución. “No queremos que esté sujeto al titular de la institución, porque esto le limita realizar un trabajo más efectivo”, explicó.
