Entre las principales preocupaciones se menciona un recurrente discurso estigmatizante promovido desde las esferas gubernamentales.
“La denunciada hostilidad oficial incluye mensajes intimidantes y descalificación a su trabajo, acusando a ciertos periodistas, por ejemplo, de propagar ‘fake news’, de ‘mercenarios’ y ‘plumas pagadas’, así también amplificando la difusión de comentarios de usuarios que critican a periodistas en redes sociales”, señala el informe “Situación de derechos humanos en El Salvador”. La Comisión observa que los ataques en redes sociales cobran especial virulencia contra mujeres periodistas, principalmente en ataques y amenazas en línea con el objetivo de intimidarlas, deslegitimarlas y silenciarlas.
Entre sus recomendaciones destaca “adoptar las medidas necesarias para garantizar un entorno de trabajo seguro para las y los periodistas y el respeto de la independencia de los medios de comunicación”.
Además, sugiere que se garantice que la publicidad oficial y la asignación de frecuencias estén orientadas por criterios democráticos y conforme a estándares internacionales de derechos humanos. “Igualmente incorporar medidas para asegurar que los medios de comunicación estatal operen bajo estándares internacionales sobre medios públicos”, indica en el informe.
La CIDH y su Relatoría para la Libertad de Expresión recuerdan que las presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales “son incompatibles con la libertad de expresión”.
En este sentido, la distribución de publicidad oficial “debe estar orientada por criterios democráticos y procedimientos preestablecidos, públicos y transparentes”, que garanticen condiciones de igualdad de oportunidades.