CIDH evaluará avances del país en materia de memoria verdad y justicia. / DEM
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instó ayer a El Salvador a reconocer jurídicamente la privación de libertad y la tortura cometida o autorizada por el Estado, a través de la ratificación de dos de sus convenios sobre derechos humanos.
El ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), concluyó su visita ‘in loco’ al país, reuniéndose a puerta cerrada con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales, Relaciones Exteriores, Justicia, Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa.
La segunda vicepresidenta de la CIDH, Andrea Urrejola, aseguró que se evaluarán los avances del país en materia de memoria, verdad y justicia; protección a migrantes; libertad de expresión y protección integral para periodistas; derechos económicos; derecho al agua; los derechos de privados de libertad, la ley de Banco Genético, y la protección de víctimas de desplazamiento forzado, así como la firma de convenios en materia de derechos humanos.
“Es importante que el Estado salvadoreño pueda ratificar la convención contra la desaparición forzada (...) y el protocolo facultativo de la convención contra la tortura, que es fundamental para nosotros. Serían dos avances muy importantes en derechos humanos”, manifestó.
El pasado 20 de noviembre, la Asamblea logró reformar el Código Penal para agravar y elevar las penas carcelarias de 30 a 40 años contra quienes desaparecen personas valiéndose de su cargo o de su autoridad.
Sin embargo, El Salvador es el único país de Centroamérica sin ratificar la convención contra la desaparición forzada, que implicaría prohibir la privación de libertad de una o varias personas cometida por el Estado, sin importar declaratorias de estado de sitio o la suspensión de garantías individuales.