El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene 25 días para consultarle al Gobierno de Estados Unidos si puede entregar la información sobre los fondos que recibe El Salvador, provenientes del gobierno norteamericano, por cada persona deportada. Así lo determinó el jueves pasado el Instituto de Acceso a la Información Pública.
Los comisionados determinaron que la declaratoria de reserva que el Ministerio de Relaciones Exteriores establece no reúne los requisitos necesarios para su adopción y deberá acreditar que Estados Unidos no brinda su consentimiento para entregar la información.
El memorándum entre ambas naciones tiene una cláusula de confidencialidad suscrita entre Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y Seguridad de El Salvador.
Dicha cláusula trata sobre el resguardo de la información, “salvo que exista consentimiento de las partes para entregarla”, alegó el representante de Cancillería en la audiencia.
La resolución explica que la consulta se hará con el fin de “no menoscabar las relaciones internacionales y atendiendo la cláusula de confidencialidad” establecida.