La Asamblea Legislativa aprobó el viernes un estado de emergencia nacional por la pandemia COVID-19, aunque no ha sancionada por la Presidencia de la República. La vigencia de la emergencia nacional por COVID-19 concluyó el 2 de junio luego de que lo aprobara nuevamente el 19 de mayo la Asamblea Legislativa.
La Asamblea aprobó el 31 de mayo una nueva versión de la ley, el decreto 648, pero esta fue vetada por el presidente Nayib Bukele; mientras, el 12 de junio, la Asamblea aprobó otra versión de la emergencia nacional por COVID-19, que aún no ha sido sancionada, observada o vetada por él mandatario.
Esto ha provocado un vacío por el cual las instituciones públicas no podrían realizar compras directas urgentes sin un proceso de licitación sustentado en la emergencia nacional.
Por ello, la Corte de Cuentas señaló hoy en un comunicado que “toda compra que no se realice conforme a los criterios” de la LACAP “será objeto de observación” en las auditorías que realiza esta institución contralora.
La mayor parte de compras directas fundamentadas en el estado de emergencia nacional fueron realizadas en los contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para la construcción del hospital en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco).
