Cristosal, una organización que trabaja en el área de derechos humanos, pide que se incluya el diálogo con la sociedad civil.
La organización Cristosal hizo un llamado a que la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros presentada por el Gobierno a la Asamblea Legislativa sea discutida también con la sociedad civil, a fin de que no se afecte a las personas beneficiarias de los programas que ejecutan.
La iniciativa fue presentada en la pasada sesión plenaria por el ministro de Gobernación y pasó a estudio de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea.
Cristosal señaló, por medio de un comunicado, que parte del principio de que cualquier organización que trabaja con financiamiento externo “responde a una injerencia”, ignorando que toda subvención cuenta con un proyecto formal.
Arbitrariedades y derecho de asociación.
Cristosal señaló en el proyecto conceptos jurídicos imprecisos que podrían ser utilizados de forma arbitraria para cancelar la personería jurídica de las asociaciones y fundaciones defensoras de derechos humanos.
La propuesta de ley contiene la creación de un Registro de Agentes Extranjeros (RAE), en el cual deberán inscribirse todos los sujetos obligados. La negativa de registrarse autorizaría a dicho registro a realizar las acciones legales “para impedir la realización de sus actividades, o solicitar en el caso de personas jurídicas, la cancelación de la personería jurídica”, según el literal a del artículo 8.
“También vulnera el derecho de organización y asociación de trabajadores de las organizaciones de la sociedad civil, criminalizándolos y estigmatizándolos”, señala Cristosal.
Cristosal, Funde y Open Society.
Cristosal fue una de las organizaciones mencionadas por el diputado de Nuevas Ideas, Christian Guevara, durante la presentación de la iniciativa junto con el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain.
“Muchas de estas organizaciones, muchas de estas ONG hablan de transparencia, ahí está Funde, ahí está Cristosal, ahí hay varias asociaciones que reciben millones de dólares todos los años y que hoy, por primera vez, van a transparentar el origen de esos fondos”, dijo.
Cristosal aseguró que las organizaciones de la sociedad civil “tienen mecanismos de transparencia y rienden cuentas a sus donantes, al Estado y a la población beneficiada con los programas”; además de ser auditadas.
Guevara también ha mencionado a periodistas financiados por Open Society como objetivo de la ley.
Cristosal considera que afectará a beneficiarios de la defensa de derechos humanos, a familias por desplazamiento forzado y a víctimas sin acceso a la justicia.