El aumento del impuesto busca financiar Ley Especial para la Prevención y Protección Integral a las Víctimas de Violencia en Condición de Desplazamiento Forzado./ DEM
La Organización No Gubernamental Cristosal, propone aumentar el impuesto de las armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares “al 100% sobre el precio fijado en la operación de venta”, excluyéndole el impuesto a la Transferencia de Bienes y Muebles y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), esto para financiar la ejecución de la Ley Especial para la Prevención y Protección Integral a las Víctimas de Violencia en Condición de Desplazamiento Forzado.
Actualmente, el impuesto de estos artículos es del 30%, “el aumento podría bajar el uso de pirotecnia, lo que traería menor contaminación ambiental y daños a la salud, así como menos accidentes con dichos productos”, reza el documento.
Además, para completar el financiamiento del presupuesto de la Ley, sugieren reformar la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (LCESC), a fin de asegurar los recursos para la atención a las víctimas.
Según la normativa, la CESC debe destinar fondos a las entidades públicas que trabajan para la seguridad y convivencia ciudadana; sin embargo, sostienen que la Dirección de Atención a Víctimas es la que menos fondos recibe.
El total de recursos estatales para las víctimas de desplazamiento forzado es de $1.64 millones provenientes del presupuesto de la Dirección de Atención de Víctimas y de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE).
En el análisis realizado por la organización, para el primer año de implementación de la Ley se requieren de $10 millones, los cuales servirán para la instalación de 14 albergues o centros de atención con la capacidad de atender a 123 personas por año, para comprar mobiliario y equipo para 10 personas y al menos un vehículo por albergue.
Para los años sucesivos, el presupuesto se reduce a $9 millones, que se utilizarían para el pago de alquileres, remuneraciones, prestaciones del personal, energía eléctrica, agua, entre otros bienes y servicios.
Al respecto, para el presupuesto tentativo del primer año, la propuesta refleja que existe una brecha no financiada de $8.36 millones, mientras que para el segundo año y siguientes, la brecha es de $7.36 millones.
Reacciones
Los diputados de los diferentes partidos políticos reiteran que es necesario realizar un estudio técnico para analizar la factibilidad de la propuesta. Julio Fabián, del partido Arena, señala que deben escuchar las opiniones del Ministerio de Hacienda y de Economía para conocer las injerencias que conlleva el aumento.
“Como es una parte bien técnica, se requiere también de una opinión súper técnica para no afectar a la economía del país y a las personas a las cuales se les va a imponer dicho impuesto”, dijo.
El diputado del grupo parlamentario del FMLN, Schafik Hándal, expresó que es una “buena iniciativa”; no obstante, dijo que se debe tomar en cuenta que los delincuentes no utilizan armamento legal.
El diputado de Gana, Lorenzo Rivas Echeverría, calificó de “positiva” la propuesta, ya que serán menos las personas que adquieran armas y porque los recursos servirían para atender a las víctimas de desplazamiento forzado.
Por su parte, Reynaldo Cardoza, del PCN, consideró que “están siendo un poco desmedidos, porque quien paga las consecuencias después de que le suben impuestos a algo es el pueblo, no puede ser que estén pagando justos por pecadores”, insistió.
Agregó que trabajan en una iniciativa similar, pero los fondos estarían destinados a financiar las diálisis en los hospitales públicos. Hasta septiembre del 2019, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), registró más de 400 casos de desplazamiento forzado, donde la mayoría de las víctimas han sido niñas, niños, mujeres y adolescentes. En el 2018 El Salvador registró un total de 1,315 casos.
400 casos reporta la PDDH
Hasta septiembre del 2019, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), registró más de 400 casos de desplazamiento forzado, donde la mayoría de las víctimas han sido niñas, niños, mujeres y adolescentes. En el 2018 El Salvador registró un total de 1,315 casos.