A favor de la resolución, votaron: Carlos Sergio Avilés, Óscar López Jerez, Roberto Calderón, Carlos Sánchez, Marina de Torrento, Ovidio Bonilla, Roberto Argueta, Leonardo Ramírez, Elsy Dueñas, Paula Patricia, Sergio Luis Rivera y Cristóbal Reyes, como suplente de Armando Pineda.
Votaron en contra de la resolución: Dafne Sánchez y Aldo Cáder Camilot. La magistrada Doris Luz Rivas Galindo emitió un voto similar a la abstención.
Bajo reserva
Los documentos y las deliberaciones están bajo reserva.
Los documentos que constan en el expediente con datos bancarios, financieros, contables y patrimoniales del diputado Gallegos, así como los informes de Probidad sobre dicha información patrimonial, y las deliberaciones previas a la adopción de la resolución, quedarán bajo reserva durante siete años.
La reserva se fundamenta en el acuerdo tomado por ocho magistrados de la CSJ –Óscar López Jerez, Sergio Luis Rivera, Elsy Dueñas, Roberto Argueta, Leonardo Ramírez, Ovidio Bonilla y Doris Rivas Galindo– el 20 de junio de 2017 a todos los casos en los que resuelvan que no hay indicios de enriquecimiento ilícito.
La CSJ tenía en sus manos desde junio de 2018 un proyecto en el cual se observó un crecimiento patrimonial no justificado de $545,253.03 durante sus periodos legislativos de 2006 a 2015.
Probidad dijo que un total de $240,036 de depósitos bancarios aún estaban sin justificar, de un total de $1,149,001 que la Sección de Probidad cuestionaba en un primer informe al diputado.
Sin embargo, en julio de 2018, los informes anteriores quedaron desactualizados cuando la Sección de Probidad entregó a la CSJ un nuevo proyecto según la cual el diputado Gallegos justificó todo.
Otro de los casos analizados por la Corte Plena es contra el diputado Sigfrido Reyes, cuyo patrimonio han analizado durante sus funciones como diputado de la Asamblea Legislativa del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015. El Gobierno actual nombró a Reyes embajador para la promoción de inversiones.
