El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Pineda Navas, pidió al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) conceder plazo hasta diciembre para entregar nueve auditorías patrimoniales de funcionarios y exfuncionarios, solicitados ante la Corte y apeladas al Instituto.
Según el informe enviado a los comisionados, la CSJ sostiene que las auditorías patrimoniales de Nayib Bukele, mientras era alcalde de Nuevo Cuscatlán; del magistrado Belarmino Jaime en el período 2009-2012; Ana Vilma de Escobar, en su período como vicepresidenta de la República; Luis Mario Rodríguez, cuando fue secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia; así como las auditorías patrimoniales del actual presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Jorge Pérez Quezada y de los últimos tres expresidentes del mismo: Enrique Molins, Jorge Hernández y Jaime Rodríguez, no existen.
Sin embargo, los magistrados de la Corte, en reunión del pleno, decidieron el pasado 28 de abril ordenar la realización de los nueve análisis patrimoniales solicitados por Herbert Vega, David Bernal y Juana Carolina Nolasco.
“No obstante que a la fecha la información requerida por los apelantes es inexistente, la Corte Suprema de Justicia, con la finalidad de garantizar de una mejor forma el derecho de acceso a la información pública, en sesión de Corte Plena celebrada el 28 de abril de 2016, acordó ordenar a la Sección de Probidad practicar el análisis de las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios y exfuncionarios antes mencionados”, señala Pineda en su escrito al IAIP.
Agrega que por la complejidad de la información y la capacidad de la Sección, los exámenes se realizarán “a partir del mes de mayo, previendo concluirlos en diciembre del presente año”.
El 20 de abril, el IAIP admitió un proceso acumulado que contiene la petición de las nueve auditorías patrimoniales, luego que la Corte Suprema las negara. El argumento de la Corte fue que los análisis patrimoniales no estaban hechos. El IAIP ya ha entregado las auditorías patrimoniales de los expresidentes Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes.