Los 10 magistrados que aprobaron el presupuesto del Órgano Judicial incluyeron la compra de estos vehículos por un monto de $2,827,000. Son 225 motocicletas, 39 vehículos ‘pick ups’ doble cabina, 31 carros sedán, 14 camionetas y cinco microbuses.
El monto está incluido en el rubro de “adquisición de mobiliario y equipo” que aumenta en $2.3 millones, de $9.6 a $12.0 millones.
El gasto en automóviles más las 212 nuevas plazas aprobadas por $3.4 millones y los $6 millones aprobados para seguros hospitalarios y de vida de todo el personal, incluyendo los 15 magistrados, suma $12.2 millones. La contratación del seguro hospitalario y de vida beneficiará a los 15 magistrados propietarios de la Corte.
El tema del presupuesto aprobado por la Corte Plena el pasado 31 de agosto fue tratado por la Sala de lo Constitucional. Uno de sus magistrados no descartó que la Sala pueda revertir el contenido del presupuesto si considera que contraviene la sentencia que ordenó medidas de austeridad en futuros presupuestos al Ministerio de Hacienda y a la Asamblea Legislativa, luego de detectar un presupuesto desfinanciado para el año 2017.
La sentencia de la Sala, que declaró inconstitucional el presupuesto de 2017 ordenó medidas de austeridad como la no contratación de nuevos seguros o aprobar alternativas razonables, la supresión de la innecesaria renovación de la flota vehicular y la suspensión de creación de nuevas plazas.
La Corte Plena analizará este lunes la posible revisión del presupuesto de la CSJ que deben presentar este mes ante el Ministerio de Hacienda, para que éste entregue el proyecto del presupuesto general.
La CSJ tenía como último día el 31 de agosto de 2017 para entregar el proyecto de gastos a Hacienda, como se lo había solicitado el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, en una carta enviada al presidente de la Corte, el pasado 27 de julio.
Ajustado al 6 %
La Corte Suprema de Justicia bajó $19.7 millones a sus proyecciones iniciales, de $294.3 millones para el presupuesto general de 2018. Este cálculo era el 6.48 % de los ingresos corrientes netos del Estado.
Este año, la Corte respetó el cálculo de ingresos corrientes del Estado que realiza el Ministerio de Hacienda para ajustar el mínimo legal de fondos que debe recibir: 6 % de los ingresos corrientes netos.
Hacienda aclaró en una carta que el presupuesto de la CSJ no deberá ser superior a $274,580,150 y la CSJ lo dejó precisamente en esa cantidad.
La diputada Carmen Elena Calderón de Escalón, quien integra la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, la cual estudiará el presupuesto general de la nación de 2018, cree que “nadie le puede quitar” el 6 % de ingresos corrientes a la CSJ porque lo ordena la Constitución de la República.
Sin embargo, sugirió una reforma constitucional para que ese porcentaje se pueda compartir con el Ministerio Público. “Constitucionalmente se le dio el 6 %, nadie se lo puede quitar porque es orden de la Constitución, ahora que ya llegamos a un momento que ya hicieron los edificios necesarios, que ya tienen los recursos necesarios, que ya tienen el mármol puesto en la Corte, ya tiene suficiente, deberíamos estudiar una reforma constitucional”, expresó.
La diputada sostiene que la Fiscalía General de la República requiere más fondos para investigar el delito y la Procuraduría General de la República, más fondos para defender a las personas de bajos recursos.
