La Corte Suprema de Justicia (CSJ), con 14 votos de sus 15 magistrados propietarios, aprobó una resolución en la cual aseguran que no encontraron indicios de enriquecimiento ilícito en los patrimonios de Salvador Sánchez Cerén durante el tiempo que ejerció su cargo de la Vicepresidencia de la República, del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014.

La CSJ aún no ha analizado el patrimonio del exmandatario del FMLN durante su gestión como presidente de la República, es decir, del periodo del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2019.

Los magistrados que votaron por la exoneración del ahora expresidente de la República son los magistrados propietarios Armando Pineda, Carlos Sergio Avilés, Carlos Sánchez, Marina Marenco de Torrento, Óscar López, Ovidio Bonilla, Dafne Sánchez, Doris Luz Rivas, Roberto Argueta, Leonardo Ramírez, Sergio Luis Rivera, Elsy Dueñas, Paula Velásquez y Roberto Calderón; el magistrado propietario Aldo Cáder votó en contra.

La Sección de Probidad inició la auditoría a los bienes del exmandatario Sánchez Cerén el 9 de enero de 2017 y el caso fue puesto en agenda de Corte Plena el 30 de julio de 2019. La “adenda”, un documento que Probidad elabora luego de las pruebas presentadas por el funcionario investigado, se agregó el 21 de marzo de 2019 para ser entregada a la Comisión de Ética y Probidad, la cual es conformada por los cinco magistrados de la CSJ que dirigen la investigación patrimonial de funcionarios y exfuncionarios del país.

La Sección de Probidad de la CSJ realiza un informe preliminar, después de recibir la información de bancos y propiedades; luego, el investigado presenta pruebas sobre las observaciones y posterior a esto se realiza una “adenda”. De cada caso, la CSJ recibe un proyecto de resolución sobre el caso, además del examen patrimonial y la adenda respectiva. Luego, debe decidir si ordena o no juicio por indicios de enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario.

El patrimonio que reportó Sánchez Cerén al iniciar su periodo presidencial fue $161,318; sin embargo, el periodo presidencial no se ha analizado.

La CSJ ordenó juicio por indicios de enriquecimiento ilícito de $293,817.30 al exdiputado Sigfrido Reyes.



Como alcalde Ortiz entre investigados

 

En la sesión de Corte Plena del pasado 20 de agosto, también se encontraban en agenda los siguientes casos de Probidad:

Alcalde muncipal de Santa Tecla, desde el año 2000 hasta 2014, Óscar Ortiz.

Presidente del Centro Internacional de Convenciones (Cifco), Miguel Menéndez.

Superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones de 2004-2007 y de 2007 a 2009.

Diputado propietario de la Asamblea Legislativa.