La conocida como “Ley Alabí” otorga inmunidad contra demandas.
La Asamblea Legislativa aprobó reformar la Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública ocasionadas por la pandemia Covid-19, para que no tengan inmunidad administrativa y penal delitos relacionados a corrupción, en medio de una discusión sobre a quiénes daría protección la ley.
“Esta inmunidad está dada para protegerlos de cualquier demanda por una mala praxis”, dijo Edwin Serpas, diputado de Nuevas Ideas.
Discusión.
El diputado René Portillo Cuadra, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) dijo que la misma ley refiere de un fondo para resarcir daños. “Todos los salvadoreños que se sientan agraviadas por la forma o las condiciones en que sus familiares han sido tratados o fallecieron o se produjeron lesiones o perjuicios tienen el derecho en base a esta ley, de ir a reclamarle al Estado”, dijo Portillo.
El diputado Guillermo Gallegos, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), acusó a Portillo Cuadra de incitar “a que la población o algunas personas vayan a querer demandar a médicos y enfermeras”. Y alegó que la protección es para quienes realizan las compras de productos contra el covid-19.
La ley plantea el resarcimiento de los daños de las personas que se puedan sentir de alguna manera lesionadas con la actividad del Estado”. René Portillo Cuadra, diputado de Arena
Reforma.
La reforma consiste en incorporar un inciso al artículo 4 de la ley: “La inmunidad otorgada por el presente artículo, no se extiende a ningún acto de fraude, soborno, corrupción, robo, falsificación o piratería, tráfico de bienes robados o actividad delictiva similar, derivada de la prestación de cualquier producto o servicio relacionado con la situación de la salud pública causada por la pandemia del covid-19”, dice.
El dato
La ley otorga a proveedores de servicios de salud inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas, estar exentos de responsabilidad civil, penal.