Los diputados de la comisión especial de antejuicio contra el diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Norman Quijano, emitieron dictamen que hay lugar a formación de causa para quitar el fuero al parlamentario.

Luego de escuchar los alegatos de la parte fiscal y la parte defensora, los parlamentarios de la comisión deliberaron, dieron su postura y votaron por el dictamen único.

Se enviará el dictamen a la Junta Directiva para que programe la sesión plenaria especial para llevar a cabo el antejuicio.

El diputado Raúl Castillo, presidente de la comisión dijo que aunque no van a emitir un acto de condena contra Quijano, porque no es su competencia, tampoco serían un obstáculo.
Tenemos la misión de no encubrir, de no favorecer, porque el pueblo no nos ha elegido para ser encubridores ni para ser personajes que van a alimentar la impunidad. Simplemente no vamos a ser un obstáculo entre la justicia y un denunciado”.Raúl Castillo, Diputado de Nuevas Ideas.

El diputado Castillo criticó a los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de negociar con pandillas.

Buena parte de los argumentos de los diputados de la comisión fue en señalar a los testigos que citaron a la comisión acusándolos, incluso, de mentir en las declaraciones que dieron ante la comisión.

Criticaron el rol de Paolo Lüers como mediador de la tregua entre pandillas que se llevó acabo en 2012 y 2013, en la que dijo que participó a invitación del entonces nuncio apostólico y de monseñor Fabio Colindres y se desligó de haber entregado dinero a los pandilleros.

También cuestionaron las declaraciones de Miguel Ángel Simán, como coordinador del Plan País, que sería una base para el plan de gobierno ofertado por Norman Quijano en su campaña de candidato presidencial.

Otros testigos citados fueron Ernesto Angulo Milla, exdiputado de Arena y el Nelson Valdez, presidente de la red nacional de pastores.

También basaron su decisión en base al video “tacua.avi” de la supuesta reunión donde estuvo Quijano y pandilleros luego de un culto de acción de gracias, donde habría ofrecido un programa de reinserción de $100 millones y uso de instalaciones militares en desuso para granjas de rehabilitación.

La Fiscalía General de la República solicitó a la Asamblea Legislativa realizar un antejuicio y desaforar al diputado para poder procesarlo judicialmente por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas por una supuesta negociación con pandillas a cambio de favores electorales en los comicios presidenciales de 2014.

La Asamblea instaló una comisión especial de antejuicio conformada principalmente por diputados de Nuevas Ideas.

Sin embargo, no se contó con parte defensora nombrada por el diputado del Parlacen y el grupo parlamentario de Arena rechazó ser parte de la defensa, eso por considerar que el proceso de desafuero corresponde al Parlacen y no a la Asamblea salvadoreña.

La defensa técnica fue ejercida por una defensora pública nombrada por la Procuraduría General de la República (PGR).