La Comisión de Hacienda de la Asamblea acordó reunirse hasta el próximo lunes. / DEM
Ante la presión del Ejecutivo por la aprobación de $109 millones para su estrategia de seguridad, los diputados de Arena, FMLN y PDC analizarán si el expediente actual sufre vicios de inconstitucionalidad, por haber sido utilizado para militarizar el congreso el pasado fin de semana.
La Comisión de Hacienda, encargada de evaluar la petición del Gobierno para suscribir el crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el Plan Control Territorial, quiere descomprimir el ambiente.
Discutirán hasta el próximo lunes si avalarán el préstamo o no, esperando que el presidente Nayib Bukele acate las medidas cautelares de la Sala de lo Constitucional, que le impiden utilizar el Ejército para presionar a la Asamblea Legislativa, o imponer ultimátum a los diputados.
El diputado Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea, pidió a la Comisión que, “independientemente de lo que ocurrió el fin de semana”, se aprobara la primera vuelta del crédito, y “aplicar todas sus observaciones” antes de ratificarlo, en la segunda vuelta.
Para el resto de diputados, sin embargo, los $109 millones en realidad no son el tema de fondo, y se utilizaron como “una excusa para militarizar la Asamblea” en el 9F.
Yanci Urbina, del FMLN, dijo que la petición del Ejecutivo “se ha querido usar para romper el Estado de Derecho e institucionalidad del país con el uso de la fuerza militar”.
Además, recalcó que de junio a diciembre de 2019 la Asamblea reasignó $66 millones para seguridad en el presupuesto general de la nación de 2019.
Según informes oficiales de Hacienda, señaló, solo se ejecutó el 87 % del total de fondos asignados a este rubro, dejando unos $62 millones disponibles. “¿Por qué dicen que no tienen recursos?, el presidente miente”, continuó.
Rodolfo Parker, del PDC, respaldó la postura del FMLN y solicitó a la autoridad hacendaria que presente nuevas peticiones que incluyan los fondos no ejecutados en 2019 “para costear emergencias de seguridad actuales”.
“Seguridad y Defensa tienen una asignación presupuestaria de $775 millones, nunca han estado ni estarán en cuestión ningún fondo para seguridad”, agregó.
El diputado del FMLN, Damián Alegría, aseguró que la Comisión de Hacienda busca “descontaminar el escenario del delito constitucional que ocurrió el domingo” y hacer “un proceso ad hoc” para examinar a mayor profundidad en el tema.
La mayor duda que persiste es en relación a $25.9 millones destinados a videovigilancia dentro del crédito, que podrían estar destinados a una empresa de seguridad que costeó un viaje en jet privado a Osiris Luna, director de Centros Penales.
