La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Kimberly Breier, emitió ayer a las 9:23 de la mañana un mensaje a los diputados que intentaban aprobar una ley de reconciliación calificada como amnistía de facto por representantes de organizaciones internacionales y nacionales.

El mensaje se unía a las advertencias de la alta comi­sionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Los Estados Unidos creen que cualquier ley de reconciliación nacional El Salvador debería incluir un proceso transparente e inclusivo necesario para asegurar la rendición de cuentas y proteger los derechos de las víctimas para buscar justicia”, escribió. Insistió en la transparencia y la rendición de cuentas, pero también mencionó que “la justicia es vital para la verdadera reconciliación”.

A las 11:38 de la mañana, el presidente electo Nayib Bukele pidió a la población que anotaran los nombres de los diputados que iban a votar por esa ley. “Recuerden sus caras la próxima vez que les pidan su voto”, escribió.

A esa hora, la Comisión Política ya había finalizado su reunión en la cual recibieron el proyecto de ley, listo para ser dictaminado.

Horas después, a las 1:55 de la tarde, los embajadores de Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido y la Unión Europea emitieron un comunicado en el cual expresaron “su profunda preocupación sobre algunas disposiciones del proyecto presentado” por los diputados.

“Suponen la suspensión de facto de las responsabilidades civiles y penales en los procesos tramitados al amparo de esta ley”, advirtieron.

“Dichas disposiciones no ayudarían a que los ciudadanos mantengan la confianza en las instituciones como garantes del cumplimiento del derecho”, manifestaron los embajadores en la “Declaración local de la Unión Europea en coordinación con los jefes de misión de los estados miembros en El Salvador” divulgada ayer en redes sociales.

La ley de reconciliación propuesta por los diputados permite que las personas que sean condenadas por delitos de lesa humanidad y crímenes que sean graves violaciones al derecho humano internacional no purguen una condena de cárcel, sino de trabajos de utilidad pública por un máximo de 10 años.

Así mismo, la normativa propuesta por los diputados condiciona la reparación civil a la capacidad económica del imputado y el programa de reparación a los recursos disponibles del Estado.

 

Presión en redes sociales

Líderes internacionales y nacionales presionaron ayer en redes sociales contra la aprobación de una reedición de la ley de amnistía.