La administración de Joe Biden presentó este lunes las líneas generales de su nueva estrategia anticorrupción internacional, que incluye la modernización de los sistemas existentes y un incremento de la cooperación internacional para “extender programas nuevos y los existentes”, y así “responder a las amenazas crecientes y acoso en contra de reformistas, periodistas y otros agentes de cambio”.
Para El Salvador, donde las relaciones bilaterales con Estados Unidos han estado tensas los últimos meses, Biden prevé profundizar los proyectos de la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos (USAID) y del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por su sigla en inglés).
“La corrupción es un cáncer dentro del cuerpo de las sociedades, una enfermedad que devora la confianza del público y la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus ciudadanos. Los efectos nocivos de la corrupción afectan a casi todos los aspectos de la sociedad”, dijo la Casa Blanca en una declaración difundida el lunes.
Estados Unidos tiene previsto incrementar sus esfuerzos diplomáticos y de desarrollo “para apoyar, defender y proteger a la sociedad civil y a los actores de los medios, incluidos los periodistas de investigación que denuncian la corrupción”.
Salvaguardar a periodistas.
El documento publicado establece que USAID creará nuevos programas para cubrir la defensa legal de periodistas de investigación y sus organizaciones, en caso de denuncias por difamación. Se ejecutará otra actividad denominada Prosafe, que será implementada por el ICFJ y Connectas, “en apoyo a periodistas que están en ambientes bajo amenaza de organizaciones criminales y/o enfrentendo presiones y censura”.
Además, Estados Unidos anunció apoyo a actores anticorrupción, defendiendo y protegiendo a la sociedad civil y actores de los medios, “incluidos los periodistas de investigación que denuncian la corrupción”. Buscan también trabajar con el sector privado para mejorar el clima empresarial internacional fomentando la adopción y aplicación de programas de cumplimiento anticorrupción por parte de empresas estadounidenses e internacionales.