Ley obliga a separar residuos a usuarios y gestores. / DEM
La Presidencia de la República devolvió observado el decreto legislativo con la Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje, que plantea nuevas obligaciones a empresas, instituciones públicas y ciudadanos para clasificar sus desechos, “por falta de claridad” en las atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
La Asamblea Legislativa aprobó el 19 de diciembre la ley, que obliga al MARN y a las alcaldías a dirigir una gestión integral de residuos y reciclaje con la posibilidad de contratar a terceros para la gestión de residuos en cada municipio. El documento fue devuelto por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, como encargado del despacho.
“Si bien el suscrito se encuentra totalmente de acuerdo con los motivos que impulsaron la ley (...) se advierte de su desarollo la falta de claridad y de regulación de ciertos aspectos eminentemente técnicos”, señaló el vicemandatario.
La observación se realizó a 27 artículos. En el artículo 7 sobre las facultades del MARN, recomienda que se especifique en qué casos el Ministerio debe emitir autorizaciones y permisos del manejo de residuos, y a qué entidades. En ese artículo, considera que la petición “aprobar y llevar un registro de los Manuales de Gestión Integral de Residuos presentados por los gestores de residuos”, como pide la ley, requiere de mayor capacidad en el MARN, por lo que piden que se evalúe.
En cuanto a capacitaciones de empresas y actualización de programas de educación ambiental, la Presidencia recomienda designar a otros ministerios como Economía y Educación para esta tarea.